El abigeato dejó de ser una queja de fondo de campo para meterse en el Senado de Entre Ríos. El jueves 29 de octubre, la Cámara aprobó sobre tablas un proyecto de comunicación que le pide a la Procuración General crear una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales conexos.
La iniciativa fue presentada por la senadora Patricia Díaz y apunta a que la nueva unidad no sea un gabinete vacío: el texto pide definir su organización, cobertura territorial, dotación de personal y medios de investigación, con intervención coordinada con las fiscalías de cada jurisdicción.
El punto central es simple y duro: el robo de hacienda no se investiga igual que un hurto urbano. El proyecto sostiene que la especialización permitiría concentrar conocimiento sobre identificación de animales, documentación de movimientos y preservación de pruebas, y también investigar conexiones entre hechos, circuitos de traslado, faena y comercialización.
“Una unidad con dedicación específica podría sostener esas tareas y asistir a las fiscalías territoriales”, señala el texto. No es una frase decorativa: es el reconocimiento de que el delito rural necesita continuidad, memoria y coordinación, no solo un acta más en un expediente que se abre y se cierra.
El pedido nace en un escenario de reclamos de productores y entidades agropecuarias, especialmente en el norte entrerriano. El proyecto menciona las declaraciones de Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, quien expuso la preocupación por los hechos reiterados en la zona de Bovril y la necesidad de mayor coordinación institucional.
Los antecedentes no son menores: se citan 20 hechos de abigeato en diciembre de 2025, entre los denunciados y los que no llegaron a formalizarse, y el caso de un productor de Bovril que denunció el faenamiento clandestino de nueve animales en un período entre 20 y 30 días, con pérdidas estimadas entre 15 y 18 millones de pesos.
La base legal también está puesta sobre la mesa: el artículo 207 de la Constitución de Entre Ríos reconoce la autonomía funcional del Ministerio Público, y el artículo 17, inciso i), de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 10.407 faculta al Procurador General a crear unidades especializadas para delitos complejos cuando las circunstancias lo requieran.
Si la fiscalía requiere nuevos cargos o ajustes presupuestarios, el proyecto prevé promover los instrumentos correspondientes ante las autoridades competentes. También pide habilitar canales de atención para los productores damnificados y coordinar con la Policía de Entre Ríos y los organismos de identificación y control del tránsito de hacienda.
