El procurador general de la Nación de Colombia, Gregorio Eljach, sacudió el ambiente en Bogotá al admitir que recibió amenazas de muerte. Lo hizo el miércoles 28 de octubre de 2026, en medio de un panel sobre mérito en el empleo público, y dejó en claro que el riesgo no se limitaba a su persona. “Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia”, dijo ante los presentes.
El jefe del Ministerio Público contó que tomó medidas ante “un peligro muy grave” que, según advirtió, podría involucrar a personas vinculadas con la institución. Una de esas decisiones, hasta ese momento desconocida, fue completar un mes sin ir a las oficinas de la entidad, ubicadas en la capital de la República. “Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo”, sostuvo.
Eljach no precisó el origen de las intimidaciones ni las actuaciones específicas que adelantan las autoridades. Sin embargo, insinuó que la alerta tendría relación con personas que trabajan en la entidad, aunque aclaró que aún no existen conclusiones sobre el caso. “Creo que algunos ya tienen idea a qué me refiero”, lanzó, y volvió a insistir en que la situación involucraba gente que trabaja en la Procuraduría. Ese matiz convirtió la revelación en un tema de peso para el organigrama estatal.
La advertencia llegó en un contexto delicado: también se han advertido presuntas intimidaciones a otros titulares de entidades de control y de organismos que forman parte del Estado. Eljach expresó su solidaridad tras conocerse un supuesto plan contra el registrador nacional, Hernán Penagos, y los riesgos señalados sobre el proceso electoral de 2027. No dio más detalles, pero la advertencia quedó clara para quienes ejercen control público.
Antes de asumir como procurador, Eljach fue secretario general del Senado por al menos 12 años, entre 2012 y 2024. Fue elegido por esa corporación como sucesor de la abogada y exministra de Justicia Margarita Cabello. Ese recorrido explica por qué su declaración generó preocupación y rechazo entre los asistentes: se trata de un funcionario de larga trayectoria en el poder legislativo y en el control institucional.
En el mismo panel, Eljach defendió que la meritocracia no puede entenderse solo como una regla de ingreso al empleo público, sino como un compromiso permanente con la idoneidad, la transparencia, la responsabilidad y los resultados. Por eso firmó una directiva para promover el uso adecuado de los contratos de prestación de servicios en la administración pública. La medida busca asegurar el cumplimiento de las normas y proteger los derechos de quienes trabajan bajo esa modalidad, un área que, durante el último cuatrienio de Gustavo Petro, tuvo un auge inesperado.
