Mientras buena parte de los argentinos llega a fin de mes con lo justo, los senadores nacionales se aprestan a cobrar casi 12 millones de pesos a partir de agosto. El incremento fue acordado en el marco de las paritarias legislativas firmadas entre las autoridades del Congreso y los gremios del sector, y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto vale representar al pueblo?
La dieta alcanzará los $11,87 millones brutos, una cifra que contrasta con el salario promedio del sector privado registrado y que, inevitablemente, reabre el debate sobre los ingresos de la dirigencia política en un contexto de ajuste y achicamiento del Estado que el propio oficialismo nacional predica con insistencia. El acuerdo paritario es el mecanismo formal que rige las actualizaciones salariales en el ámbito del Poder Legislativo, pero la formalidad del procedimiento no apaga el ruido político que genera cada vez que los números se hacen públicos.
No es la primera vez que la discusión explota. Cada actualización de dietas legislativas genera una ola de críticas que va desde la oposición hasta las redes sociales, pasando por los sindicatos que negocian sus propias paritarias con techos mucho más bajos. En este caso, el incremento se enmarca en un acuerdo que involucra a los gremios legislativos, lo que le da un paraguas institucional, pero no necesariamente legitimidad social frente a una ciudadanía que siente el peso de la inflación acumulada.
El dato duro es este: desde agosto, cada senador nacional percibirá un ingreso bruto que supera con holgura lo que gana un médico de hospital público, un docente universitario con años de antigüedad o un trabajador industrial calificado. La brecha no es nueva, pero tampoco se achica. Y en un año electoral, ese contraste tiene un costo político que los legisladores deberán administrar con cuidado.
La actualización rige para el conjunto del cuerpo y es resultado del proceso paritario vigente en el Congreso de la Nación.
