El lunes 20 de julio los docentes entrerrianos paran por octava vez en lo que va del año. No es un número menor: ocho paros en siete meses hablan de una negociación que no arranca, de una paritaria que el propio gremio califica como una farsa y de un salario que, según quienes lo cobran, ya no alcanza ni para pagar el techo.
La última oferta del Gobierno provincial fue un 3 % de aumento para julio, a pagar en agosto, más un 4 % para septiembre, a pagar en octubre. En lo que va del año, la única mejora concedida fue un 3,5 % para compensar la inflación de marzo. El resto de los meses, según el gremio, quedaron en el aire.
María José Chapitel, secretaria general de AGMER Concordia, fue directa: el Gobierno “se olvidó” de la variación del IPC de diciembre, enero, febrero, abril, mayo y junio. “Están ignorando completamente los números que arroja la inflación”, afirmó. Y agregó que esa omisión aleja cada vez más cualquier posibilidad de un aumento real. Cuando no hay acuerdo, sostuvo, el Gobierno termina imponiendo por decreto, lo que calificó como una “práctica desleal” de la patronal.
El dato que más duele es el de los alquileres. Chapitel explicó que en Concordia una casa de dos habitaciones ronda los $ 700.000, prácticamente lo mismo que cobraba hasta el mes pasado un docente que recién se inicia: $ 750.000. La cuenta es imposible. La alternativa es apuntar a un monoambiente o departamento de una habitación, valuados entre $ 400.000 y $ 500.000, pero aun así eso representa más de la mitad del sueldo.
Lía Fimpel, secretaria adjunta de AGMER, confirmó que un alquiler “razonable” en Paraná equivale a la mitad del salario o más, y eso hablando de un monoambiente o un dormitorio. Un departamento de dos dormitorios ya supera los $ 700.000. El resultado es predecible: en la seccional Concordia reciben noticias a diario de afiliados que tuvieron que dejar el alquiler y volver a vivir con familiares porque el gasto se volvió insostenible.
Quienes quieren mudarse o rescindir el contrato enfrentan otro obstáculo: las inmobiliarias exigen un 5 % del valor del contrato como gasto de gestión, lo que en la práctica equivale a pagar casi dos alquileres juntos el primer mes, aunque algunas ofrecen la posibilidad de abonar en dos cuotas.
“Hay muchos docentes que alquilamos y que casi todo el sueldo se nos va en eso”, admitió Fimpel. Lo que queda no alcanza para los gastos cotidianos. Chapitel señaló que muchos maestros recurren a la tarjeta de crédito no para comprar electrodomésticos ni para viajar, sino para financiar la compra de alimentos. Fimpel fue más cruda todavía: “La tarjeta de crédito ha pasado a ser de uso para comprar comida”. Incluso relató que durante el acampe en Plaza Mansilla, en Paraná, veían a afiliados que venían de los bancos buscando cómo refinanciar la deuda de sus tarjetas, usadas para llegar a fin de mes.
El paro del lunes no es solo una medida de presión salarial: es el reflejo de un sector que, según sus propios referentes, está endeudado para cubrir necesidades básicas. Mientras el Gobierno y el gremio no se sienten a discutir en serio en paritarias, la brecha entre el costo de vida y el salario docente sigue creciendo.
