Era 2004, el segundo año del gobierno de Néstor Kirchner, cuando una empresa sueca casi desconocida para el gran público se convirtió en sinónimo de corrupción en la Argentina. El caso Skanska —presuntos sobornos para la ampliación de los gasoductos norte y sur— fue el primero de una larga lista de escándalos del kirchnerismo. Veintidós años después, la justicia llega a una de sus etapas más esperadas.
Este lunes, a partir de las 9:30 horas, el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py dictará su veredicto contra los 13 acusados que aún restan en el juicio. Entre ellos, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex gerente general de Nación Fideicomisos S.A. Néstor Ulloa y ex directivos de la empresa sueca. Los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez escucharán primero a los acusados que quieran hacer uso de la palabra, y el veredicto se espera cerca del mediodía.
El fiscal federal Abel Córdoba pidió condenas de entre cuatro y cinco años de prisión para los imputados, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de los ex funcionarios, y el decomiso del monto actualizado del perjuicio al Estado: 34 mil millones de pesos en sobreprecios y otros 13.900 millones en concepto de sobornos. Los números son elocuentes por sí solos.
La historia del expediente es, en sí misma, un retrato de cómo funciona la justicia cuando hay poder político de por medio. La causa tuvo una prueba clave desde el inicio: el síndico de la empresa Claudio Corizzo grabó una conversación con Javier Azcárate, entonces gerente comercial de Skanska, en la que este reconoció el pago de coimas y el uso de facturas falsas para justificar esos fondos. Sin embargo, la Cámara Federal declaró nula la causa porque la grabación se hizo sin conocimiento de Azcárate. Recién en 2016, tras un fallo de la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación Penal validó el audio y el caso volvió a la vida. El juez Sebastián Casanello reprocesó a los acusados y en 2019 fueron enviados a juicio oral a pedido del fiscal Carlos Stornelli.
El juicio oral arrancó en abril de 2024 con 30 acusados. De ese grupo, 17 ya fueron absueltos. Los 13 restantes esperan ahora la sentencia. De Vido la escuchará desde su prisión domiciliaria en su chacra de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde cumple condena por otros casos de corrupción. López, desde la cárcel de Ezeiza, donde también purga penas anteriores.
No es el único frente judicial que los acecha: el miércoles pasado, el fiscal federal Diego Velasco pidió seis años de prisión para ambos en el juicio por el caso Sueños Compartidos, el programa de construcción de viviendas vinculado a las Madres de Plaza de Mayo. La semana que viene promete ser intensa para los ex funcionarios kirchneristas. El veredicto del lunes cerrará, al menos en esta instancia, un capítulo que la Argentina lleva más de dos décadas esperando.
