Siete años de investigación y una jubilación trabada por error. Eso es lo que llevó este viernes a la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, a decidir si mantiene o levanta las medidas de inhibición general de bienes que pesan sobre María Alejandra Camisassa, esposa de uno de los imputados en la llamada Causa Contratos Truchos, pero que ella misma no está acusada en el expediente.
La causa investiga si una organización sustrajo durante la década 2008-2018 millonarias sumas del Estado provincial mediante la simulación de contratos de obra en ambas Cámaras Legislativas de Entre Ríos. Los contratados, según la hipótesis fiscal, solo recibían una parte ínfima del monto por prestar su nombre, sin realizar ninguna contraprestación real. En ese marco, en 2019 la propia Barbagelata trabó inhibiciones generales de bienes sobre un grupo de los 32 imputados. El problema: esa medida se extendió, según se indicó en audiencia por un error del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al haber jubilatorio de Camisassa.
El defensor Hugo González Elías, que asiste a la mujer, planteó que los haberes jubilatorios son inembargables por su carácter alimentario, que la medida es “desproporcionada, injusta e injustificada” y que, transcurridos casi siete años, ni la Fiscalía ni la Fiscalía de Estado presentaron cargos contra su defendida ni la demandaron. El argumento tiene peso: si nadie la acusó en todo este tiempo, mantener una restricción patrimonial de semejante alcance sobre una persona no imputada es, cuanto menos, una situación que merece explicación.
La Fiscalía de Estado no se opuso al planteo, considerando los argumentos “atendibles” y aclarando que Camisassa no es parte de la demanda de recupero de fondos. El Ministerio Público Fiscal (MPF), en cambio, se opuso a la revisión general: sostuvo que los bienes inhibidos habrían sido adquiridos con fondos sustraídos y que es necesario custodiarlos ante una posible pena accesoria de decomiso. Eso sí, aclaró que la extensión al haber jubilatorio no fue pedido suyo.
Ante el acuerdo de todas las partes en ese punto, Barbagelata ordenó de inmediato un oficio al banco para que cese la paralización de la jubilación. Pero dictó un cuarto intermedio para resolver la cuestión de fondo: si las inhibiciones generales que afectan a Camisassa tienen razón de ser o si deben caer.
La causa tiene además un antecedente que en su momento sacudió la investigación: fue la misma medida de inhibición la que dejó al descubierto que la entonces fiscal anticorrupción y hoy restituida procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche, había adquirido dos departamentos en fideicomisos celebrados con uno de los imputados, integrante del estudio contable Integral Asesoría, al que concurría con frecuencia el esposo de la funcionaria. Ese episodio tensionó la investigación y dejó una marca que todavía pesa sobre el expediente. La resolución de Barbagelata sobre el futuro patrimonial de Camisassa es el próximo capítulo de una causa que lleva años sin llegar a juicio oral.
