La Asociación Paranaense de Básquet (APB) no se anduvo con chiquitas: cuatro años de suspensión y una multa equivalente a 30 Aranceles Juez de la categoría para el dirigente de Estudiantes que agredió a un árbitro tras el partido ante Sionista. El Tribunal de Penas bajó el martillo y la resolución quedó firme.
El hecho había generado un sacudón en el ambiente del básquet entrerriano. Un directivo que debería ser ejemplo de conducta terminó protagonizando una escena que no tiene lugar en ninguna cancha, ni en ningún deporte. La agresión a un árbitro no es un arrebato menor: es un ataque a la figura que sostiene el juego limpio, y la APB lo trató como tal.
La sanción de cuatro años es de las más severas que puede aplicar el organismo, y la multa económica agrega un peso concreto a la pena deportiva. No es solo una suspensión para que el tiempo pase: hay un costo real que acompaña la decisión.
Además, la resolución mantiene las medidas preventivas sobre el resto de las personas investigadas en el marco del mismo episodio. Eso indica que el Tribunal no cerró el expediente del todo: hay más actores bajo la lupa y el proceso sigue su curso para quienes todavía no tienen definida su situación.
El básquet paranaense atraviesa un momento en el que estos episodios ponen en debate los límites del comportamiento en las canchas y la responsabilidad de los dirigentes como referentes institucionales. La APB, con esta decisión, dejó en claro que la violencia contra los árbitros tiene consecuencias concretas y duraderas.
