El panorama es demoledor. La administracion central del Estado argentino enfrenta nada menos que 339.000 juicios y, como si fuera poco, no tiene ni la menor idea de cuanto dinero tendra que desembolsar para resolver este escandalo judicial.
La cifra, que surge de una investigacion exhaustiva, pone al descubierto la dimension catastrofica de la litigiosidad que atraviesa la administracion publica. Pero aca viene lo peor: cuando se suman otros organismos descentralizados como ANSES, los numeros se multiplican de manera exponencial.
¿Como llego el Estado a este descontrol absoluto? La respuesta esta en decadas de gestion irresponsable, donde cada gobierno pateo la pelota para adelante sin medir las consecuencias. Ahora, la factura llego y es impagable.
Lo mas grave de todo este quilombo es que la mayoria de las demandas no tiene monto definido. Es decir, el Estado esta navegando a ciegas en un mar de incertidumbre financiera. No sabe cuanto debe, no sabe cuando lo tendra que pagar, y mucho menos tiene idea de donde va a sacar la plata.
Esta situacion genera un efecto dominó que impacta directamente en las finanzas publicas y, por ende, en el bolsillo de todos los argentinos. Cada juicio que se pierde es plata que sale del presupuesto nacional, plata que podria destinarse a salud, educacion o infraestructura.
El escenario se vuelve aun mas preocupante cuando pensamos en las provincias como Entre Rios, que dependen en gran medida de las transferencias nacionales. Si el Estado nacional esta ahogado en juicios, menos recursos van a llegar a las arcas provinciales.
La pregunta que se hacen los especialistas es obvia: ¿como se puede gobernar un pais sin saber cuanto se debe en concepto de juicios? Es como manejar una empresa con los ojos vendados, esperando que no aparezca una demanda millonaria que termine de hundir las cuentas publicas.
