¿Quién vigila a los vigilantes de las cuentas públicas entrerrianas? Este martes el Senado provincial definirá si Entre Ríos tendrá por primera vez una comisión permanente dedicada exclusivamente a controlar y analizar la evolución de la deuda pública. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en Diputados con modificaciones, promete transparentar un tema que históricamente generó más dudas que certezas.
El proyecto original del Poder Ejecutivo de Frigerio sufrió cambios importantes durante su paso por la Cámara Baja. La principal modificación vino de la mano de legisladores peronistas que lograron convertir el organismo en una comisión de carácter permanente, abandonando la idea inicial de crear un ente especial con duración limitada a un año. Una jugada inteligente que garantiza continuidad en el control, más allá de los vaivenes políticos.
La comisión tendrá una misión ambiciosa: examinar el comportamiento de la deuda pública provincial desde diciembre de 1991, incluyendo refinanciaciones, renegociaciones, canjes y esos episodios de incumplimiento que tanto dolor de cabeza trajeron a las arcas entrerrianas. No es poca cosa revisar más de tres décadas de decisiones financieras, algunas brillantes y otras que mejor ni recordar.
Uno de los puntos más interesantes del proyecto es la obligación de elaborar informes anuales públicos sobre la situación de la deuda al cierre de cada período de gobierno. Estos documentos deberán publicarse en la web oficial provincial en formatos accesibles, con gráficos y lenguaje claro para que cualquier ciudadano pueda entender dónde se metió la provincia financieramente hablando.
La composición de la comisión promete ser plural y técnica. Participarán representantes de ambas cámaras legislativas, funcionarios del Ejecutivo y miembros de instituciones como la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Una mezcla que busca equilibrar la representación política con el conocimiento técnico necesario para desentrañar los laberintos de las finanzas públicas.
Entre los objetivos centrales figura el análisis del destino de los recursos obtenidos mediante endeudamiento, diferenciando especialmente aquellos fondos utilizados para gastos corrientes de los destinados a obras o inversiones estratégicas. Una distinción clave para evaluar si la provincia se endeudó para crecer o simplemente para pagar sueldos y mantener la estructura administrativa funcionando.
Si el Senado aprueba la iniciativa, Entre Ríos contará con una herramienta de seguimiento permanente sobre el impacto del endeudamiento en las cuentas públicas provinciales. Un paso hacia la transparencia que, más allá de colores políticos, debería generar consenso en una provincia que necesita cuidar cada peso de sus contribuyentes.
