La reforma previsional de Rogelio Frigerio desató la furia del Partido Justicialista entrerriano. El peronismo provincial salió con los tapones de punta contra el proyecto del gobernador y advirtió que “el 82% móvil deja de ser una garantía real” para los futuros jubilados.
El documento del PJ no se anda con vueltas: señala que el proyecto prevé “aumentar aportes, extender condiciones y modificar reglas de cálculo” sin contar con estudios actuariales serios que justifiquen semejante ajuste. ¿Acaso Frigerio está improvisando con las jubilaciones de los entrerrianos?
Los cambios impactarían tanto en trabajadores activos como en jubilados actuales. Según el justicialismo, los primeros verán deterioradas sus condiciones de acceso a la jubilación, mientras que los segundos sufrirán mayor pérdida frente a la inflación. Un combo explosivo que promete generar bronca en toda la provincia.
El punto más polémico es la modificación del 82% móvil. Para el PJ, con esta reforma los futuros jubilados “cobrarán menos en relación a su salario en actividad”, rompiendo uno de los principios históricos del sistema previsional. También cuestionaron la ausencia de un mecanismo claro de actualización, ya que vincular la movilidad a paritarias que vienen por debajo de la inflación consolida “un esquema donde los haberes pierden poder adquisitivo”.
Otro dardo directo: el incremento de la edad jubilatoria hasta los 68 años para nuevos afiliados, “la más alta del sistema público argentino”. El peronismo remarcó que esta medida desconoce las brechas de género y las tareas de cuidado no remuneradas que históricamente asumen las mujeres. Para muchas trabajadoras implicaría hasta ocho años más de trabajo, mientras que para los varones serían cinco años adicionales.
Los municipios entrerrianos también saldrían perdiendo. El aumento de contribuciones patronales y la posibilidad de modificarlas discrecionalmente implica más presión financiera sobre los gobiernos locales, lo que podría comprometer el funcionamiento de las administraciones municipales y la prestación de servicios esenciales.
El PJ también apuntó contra la delegación de facultades al Ejecutivo para modificar aportes y contribuciones. Lo calificaron como una medida que “vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura”. Además, sostuvieron que la declaración de emergencia previsional se utiliza como excusa para “avanzar con cambios permanentes y habilitar decisiones por decreto”.
Desde el justicialismo adelantaron que darán “todo el debate que sea necesario” cuando el proyecto sea tratado en las comisiones de Legislación General y Presupuesto. También convocarán a representantes de trabajadores activos, jubilados y gobiernos municipales para participar de la discusión. “Defenderemos el 82% móvil real y efectivo”, prometieron, reiterando su rechazo total al proyecto de Frigerio.
