¿Cuánto cuesta 400 mil millones de pesos desviados de las rutas argentinas? La respuesta la conocen bien Manuel Adorni, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, los tres funcionarios del gobierno de Javier Milei que enfrentan una denuncia penal por el manejo irregular de fondos de Vialidad Nacional.
La acusación es demoledora: el Palacio de Hacienda retuvo fondos que por ley debían ir directo al mantenimiento de rutas. Según establece la Ley 23.966, el 28,58% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos debe transferirse automáticamente al fideicomiso vial. Pero esa plata nunca llegó a destino.
En lugar de asfalto y bacheo, los 400 mil millones se fueron a comprar letras y bonos para sostener las cuentas del Tesoro. Una maniobra que dejó al organismo vial arrastrando una deuda equivalente al 90% de su presupuesto anual. Los técnicos ya hablan de “quiebra técnica”.
El desvío no es solo un número en una planilla. Cada peso que no se invierte en conservación preventiva se multiplica por cuatro o diez cuando hay que reconstruir el pavimento colapsado. Es la matemática cruel del abandono: lo que hoy se ahorra, mañana se paga diez veces más caro.
Mientras tanto, las rutas argentinas se convierten en zonas de peligro. Pozos persistentes, deformaciones por el paso de camiones y la ausencia de demarcación horizontal transforman los principales corredores productivos en trampas mortales. La falta de mantenimiento no es solo un problema de comodidad: es una cuestión de vida o muerte para quienes transitan diariamente.
La denuncia también apunta contra Sturzenegger por presuntamente falsear informes de gestión para justificar el desmembramiento institucional de Vialidad. Según la acusación, el ministro habría distorsionado las métricas operativas reales para sostener su plan de achicamiento del organismo que tiene casi 100 años de vida.
El panorama se completa con la paralización de obras estratégicas y la pérdida de créditos internacionales por falta de ejecución. Múltiples acuerdos con financiamiento externo sufren interrupciones debido al incumplimiento de pagos a contratistas, agravando el aislamiento de las provincias.
