La confesión llegó como un martillazo en plena audiencia. Julio Silva, el encargado del edificio donde vivía Cristina Kirchner, se plantó ante el tribunal y destrozó uno de los pilares de la causa Cuadernos: “Cometí un delito, firmé y ni lo leí”.
El hombre que en 2018 había declarado haber visto “movimientos de bolsos y valijas con frecuencia semanal” entre 2007 y 2010, ahora niega todo. Este jueves, ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Andrés Basso Méndez Signori, Silva describió un panorama escalofriante de lo que vivió durante aquel interrogatorio.
“Uno entraba y el otro salía“, relató sobre la dinámica entre el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Pero lo que más lo marcó fue la insistencia: “Repetían que tenía dos hijas”, una frase que sonaba más a amenaza que a dato testimonial. La presión fue tal que Silva admitió haberse sentido intimidado durante toda la declaración.
¿Qué había visto realmente Silva en todos esos años como encargado? Según su nueva versión, Daniel Muñoz —el exsecretario privado de Néstor Kirchner fallecido en 2016— ingresaba al edificio con “un portafolio y a veces un bolsito de mano”. Nada de los movimientos sistemáticos de dinero que había descripto bajo juramento años atrás. Muñoz tenía llaves del edificio y acceso directo al departamento del quinto piso donde residía la familia presidencial.
Durante las dos horas y media que duró su exposición, Silva también reveló detalles del vínculo que mantenía con la familia Kirchner. Contó que Muñoz le ayudó a conseguir trabajo a sus hijas en dependencias estatales y recordó una frase de Cristina sobre su hijo: “Julito, quedate tranquilo que el día que él se reciba le vamos a conseguir trabajo”.
Pero el momento más explosivo llegó cuando Silva relató una supuesta conversación telefónica durante un allanamiento al departamento de la expresidenta. Tras más de once horas de operativo, un comisario le habría informado al juez Bonadio que “no había nada” en el lugar. La respuesta del magistrado, según Silva, fue demoledora: “Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo”.
El relato generó objeciones inmediatas de los abogados defensores y una batería de preguntas de los jueces del tribunal. Silva también contó las consecuencias de aquella declaración de 2018: hostigamientos e insultos en el barrio donde trabaja desde 1989, una presión social que lo acompañó durante años.
La retractación de Silva pone en jaque uno de los testimonios que la fiscalía consideraba clave para sostener la acusación de movimiento de dinero ilícito. Su confesión sobre las presiones sufridas durante el interrogatorio abre interrogantes sobre la solidez de otras declaraciones obtenidas en el mismo contexto procesal.
