La fiscalía dio por terminada la investigación y, antes de pedir la elevación a juicio, le dieron lugar a la víctima para que emita su opinión formal. Los abogados de la exprimera dama le pedirán al fiscal Ramiro González, la pena de 12 años de cárcel para el expresidente
La causa contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género quedó cerca de avanzar a juicio. En los últimos días el fiscal Ramiro González dio por terminada la investigación y comenzó los pasos formales para avanzar en el proceso judicial.
Antes de elevar formalmente el pedido de juicio, el Código Procesal establece que se le debe dar traslado a la víctima de los hechos, en este caso Fabiola Yañez, para que emita su opinión. En ese contexto, los abogados de la exprimera dama anticiparon que solicitarán 12 años de prisión para Fernández.
Según detallaron al portal de TN, el pedido de pena se basará en que, tomando en cuenta la sumatoria de todos los hechos que ellos tienen comprobados, más las amenazas coactivas, le correspondería esa cantidad de años de condena.
Cuando se oficialice el pronunciamiento de la denunciante, González evaluará la respuesta y con base en ello realizará el requerimiento de elevación a juicio ante el juez Julián Ercolini.
Luego será el turno de la defensa: el expresidente podrá responder por escrito y, como es previsible, apelará la decisión. Finalmente, será Ercolini quien definirá si efectivamente el caso llega a juicio oral.
Cabe recordar que desde febrero de este año Fernández está procesado por “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”, “lesiones graves” y “amenazas coactivas” contra la exprimera dama, con quien mantenía una relación desde al menos 2016 hasta mediados de 2024.
Además del procesamiento, Ercolini había dispuesto el embargo de sus bienes por diez millones de pesos y una orden de restricción de acercamiento a la víctima.
En su defensa, el expresidente presentó una apelación de 59 páginas en la que rechazó todas las acusaciones y pidió su sobreseimiento. Alegó que la resolución judicial carece de pruebas directas, que se basa en interpretaciones subjetivas y que los presuntos chats en los que Yáñez relataba situaciones de violencia no fueron extraídos de su dispositivo original.
