No tenía el título habilitante para desarrollar las actividades
La jueza de Garantías resolvió hacer lugar, este lunes 19 de marzo, al pedido de Suspensión del juicio a prueba o probation por el plazo de un año. En la audiencia anterior, la jueza advirtió que no se había notificado a la víctima ni ofrecido una reparación económica, tal como lo exige aquel instituto, que ayer se realizó y consistió en 5000 pesos a pagar en una cuota
La jueza de Garantías de Paraná, Carola Bacaluzzo, dispuso hacer lugar al acuerdo de Suspensión del juicio a prueba o Probation que le presentaron fiscalía y defensa, y en consecuencia resolvió “hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba de OMP, por el plazo de un año, estableciéndose como reglas de conductas: la realización de 96 horas de trabajos comunitarios…; y prohibición de realizar actos molestos, violentos o perturbadores en contra LLF” y tuvo “por aceptado el ofrecimiento de reparación económica del monto de 5000 pesos, debiendo efectivizarse el pago en una sola cuota dentro del plazo de 30 días a contar del día de la fecha”.
EL HECHO. El sospechoso fue investigado de que “sin poder precisar la fecha exacta, pero al menos durante los primeros meses de 2022, MOP, ejerció actos propios de la Psicología, no contando con el correspondiente título habilitante para la realización de tales prácticas, conforme lo previsto en las leyes Provinciales Nº 3818 de Ejercicio de las Profesiones del Arte de Curar y Ramas Auxiliares y Nº 5336 de Regulación del Ejercicio de la Psicología, que regulan el ejercicio de la psicología en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, actividad que llevaba adelante en calle Ramírez y Moreno, de Paraná”.En la audiencia en la que se presentó el pedido de Probation, la jueza, que no tenía conocimiento del legajo, advirtió que la denuncia que disparó la investigación la realizó una persona el 17 de mayo de 2022, que no fue notificada respecto a que se estaba ofreciendo al imputado una salida alternativa muy beneficiosa.
La Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos determina, en el artículo 5 inciso I el derecho de la víctima “a ser notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada”.Aquello quedó subsanado. En la audiencia de este martes, Fiscalía manifestó que “la víctima del presente manifestó expresamente estar de acuerdo en la salida alternativa y en cuanto a la reparación económica ofrecida, también fue aceptada; además solicita una nueva norma de conducta”. Consultada la defensa sobre si estaba de acuerdo, manifestó que “sí”.
