En el marco de una investigación de la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, el juez federal de esa jurisdicción, Pablo Seró, procesó a una mujer al considerarla coautora del delito de “contrabando de importación de bienes arqueológicos y restos paleontológicos en grado de tentativa”.
Además, dispuso el embargo de bienes de la imputada hasta alcanzar la suma de 25 mil pesos.
Los objetos cuya importación resultó irregular consisten concretamente en tres bienes arqueológicos: “Mano o Triturador”, “Mortero o Majar”y “Trozo de cerámica”. A ello se le agregaron dos bienes paleontológicos (fósiles).
La investigación se inició el 29 de julio de 2020, en el marco de la verificación de una mercadería que era transportada en un camión que ingresaba al país con destino a la provincia de Mendoza, que tuvo lugar en el Área de Control Integrado del Puente Internacional General Artigas, ubicado en la frontera entre Argentina y Uruguay.
En esa oportunidad, se advirtieron doce piezas que, por sus características, podían estar alcanzadas -en cuanto a su importación- a previsiones de la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (Ley 25.743). Como consecuencia de ello, se iniciaron actuaciones administrativas.
Conforme las presentaciones efectuadas ante la autoridad de aduana, se logró identificar a la persona titular de la mercadería y se le dio intervención al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano -autoridad de aplicación en materia arqueológica-, que dictaminó que cinco del total de esas piezas estaban alcanzadas por dicha ley.
