sábado , 13 julio 2024
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Pretendieron citar una testigo por un mensaje que no existió

La causa exhibe la grieta que divide Tribunales.
El fiscal de Paraná, Cristian Giunta, apeló parte de las resoluciones que tomó, en la prolongada audiencia del miércoles, la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Paola Firpo. La audiencia será hoy a partir de las 9. Se discutirá la exclusión de una testigo.

El fiscal de Paraná, Cristian Giunta, apeló -en “protesto”-, la resolución de la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Paola Firpo, que entre otras decisiones de relevancia para la causa dispuso el miércoles 6, excluir del debate ante un jurado popular a una testigo de la que Fiscalía pretendía que compareciera como testigo para dar cuenta de un mensaje que no fue hallado por los peritos del mismo Poder Judicial que peritaron su celular, ni estuvo en el lugar del hecho. La jueza también excluyó como evidencia una pericia informática porque la defensa no fue notificada. El fiscal desistió de incorporar como evidencia un mensaje privado entre el defensor y la esposa de uno de sus defendidos.

La causa investiga a Roberto Carlos Goro, de 46 años, y su hijo, Víctor Ezequiel Goro, de 24 años, por el delito de Homicidio simple agravado, en calidad de coautores, en relación a la muerte de Omar Antonio Mayer. Tiene dos hipótesis bien definidas: homicidio simple como coautores o legítima defensa. La víctima era sobrino y primo, respectivamente, de los imputados.

CUESTIONAMIENTOS. El proceso, uno de los tantos que se sustancian diariamente, fue cobrando complejidad a partir del señalamiento de los defensores respecto a que Fiscalía le “ocultó” evidencia. Elevó la intensidad en la audiencia del día siguiente con la exposición de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) intentó ingresar como evidencia la conversación particular entre el abogado defensor y la esposa de su defendido.

Las desprolijidades que se observan en el proceso, incluyeron que ayer se encontraba en el salón de audiencias la supuesta y no identificada destinataria del mensaje no hallado por las pericias. La situación fue advertida casualmente cuando se debatía la situación porque uno de los imputados se lo refirió a su defensor. La situación enervó a la jueza, que ha hecho enormes esfuerzos por llevar el proceso por buen camino.

GRIETA. La causa generó debate al interior de distintos grupos de abogados y en Tribunales. Las lecturas predominantes creen que se trata de una nueva escaramuza entre la Procuración General y el Superior Tribunal de Justicia. También entienden que se intentaría equilibrar a las partes, en referencia a la “baja” que habría sufrido el MPF con la destitución de la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, destituida por mal desempeño de sus funciones en una causa que investiga a una supuesta organización que durante una década sustrajo millonarias cifras de las arcas del Estado a través de la Legislatura.

La línea argumental que entendieron que avalaría aquellas especulaciones, se encontraría en el fallo de la Cámara de Casación Penal de Paraná, que anuló y ordenó realizar un nuevo juicio en la causa por el robo a la sala de Casino. Allí se realizaron serios señalamientos a la jueza técnica de aquella causa que se resolvió con veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular. La jueza fue Paola Firpo. También se entendió que la actitud del fiscal, que reaccionó inapropiadamente ante el señalamiento de la jueza para que cesara de gesticular cuando hablaban las otras partes, podría encontrar cierto sentido bajo aquellas situaciones ajenas al proceso, pero de preocupante actualidad.  

RUMBO. En las dos calientes audiencias anteriores, Fiscalía mantuvo un rumbo errático respecto a la evidencia que solicitaría se incorporase al debate. Como ejemplo, desistió de un testigo en un punto de acuerdo para solicitarlo en el siguiente. También solicitó que se incorporase para exhibirla ante el jurado, ropa que fue secuestrada siete días posteriores al hecho, cuando se tuvo el suficiente tiempo para despojarla de las condiciones en que se encontraban el día del hecho. El propio fiscal desistió del pedido. Respecto otras dilaciones -ajenas a Fiscalía- sin respuesta que se pudieron observar en las audiencias, se encuentra que Goro padre fue revisado por el médico forense de Tribunales nueve días después del hecho. El dato que le da importancia a la medida es que Goro sostiene una legítima defensa y sin registros médicos que puedan avalar golpes defensivos, su coartada queda debilitada.

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