En Concordia, la figura que muchos vecinos llaman “policía municipal” vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede un Guardia Urbano terminar preso en el ejercicio de su trabajo?
El punto no es menor: la policía es del Gobierno Provincial y actúa con facultades de prevención, con reglas claras para el uso de la fuerza y, en casos excepcionales, de armas. En cambio, la Guardia Urbana está compuesta por empleados municipales, no por oficiales policiales.
El uniforme, el corte de pelo y hasta el monotributo pueden dar una imagen de fuerza de seguridad, pero no crean facultades. Ese empleado municipal no tiene habilitación legal para usar la fuerza ni para portar armas, sean letales o no letales. No confundas esa estética con autoridad policial: es un error jurídico y práctico.
La duda aparece cuando se habla de dispositivos no letales: pistolas Byrna, Taser o equipamiento antidisturbios. Si un agente municipal sufre una agresión, puede ejercer la legítima defensa como cualquier concordiense, sin necesidad de una ordenanza. El problema surge cuando ese mismo agente emplea un dispositivo que no le corresponde.
Porque la defensa puede quedar desproporcionada. En ese caso, el trabajador municipal podría perder la protección jurídica y verse expuesto a una investigación penal con su consecuencia: una posible pena. La pregunta no es teórica: si no es policía, no cuenta con el marco de protección ni con la formación policial.
La Ordenanza de Prevención y Seguridad Municipal agrava la confusión. Su artículo 5 prohíbe al guardia municipal portar armas letales “ni de ningún otro tipo”. Pero el artículo 10 permite al personal de la Unidad Operativa utilizar elementos defensivos, dispositivos de sujeción y “cualquier otro equipo” que ofrezca el avance tecnológico, siempre que no sea letal y esté autorizado para uso civil.
La tensión es clara: la Unidad Operativa estaría integrada por guardias municipales, pero un artículo les prohíbe portar armas de cualquier tipo y otro habilita dispositivos defensivos. La norma no dice cuáles. Deja la definición central al protocolo que elaboraría la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, aunque establece límites como capacitación, autorización escrita, mediación, advertencia y uso ante agresión o resistencia que ponga en riesgo la vida o la integridad.
El límite constitucional también pesa. La Constitución entrerriana reconoce facultades de policía municipal en materias locales, incluida la seguridad, pero la conservación de la paz y el orden público sigue en manos del Poder Ejecutivo provincial. La prevención local no puede transformarse, por vía de ordenanza o protocolo, en una fuerza con atribuciones policiales indeterminadas.
Y ese límite importa para proteger a los propios trabajadores. Un marco legal confuso, un uniforme que sugiere autoridad y la tentación de usar dispositivos sin respaldo pueden convertir una tarea de convivencia en un riesgo penal. En Concordia, la pregunta ya no es si la Guardia Urbana existe: es si está bien delimitada.