viernes , 20 noviembre 2026
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Denuncia por acoso sexual: restricción de 90 días al vicepresidente de OSER

Denuncia por acoso sexual: restricción de 90 días al vicepresidente de OSER
Una trabajadora de OSER denunció por acoso sexual al vicepresidente Ricardo García. La Justicia le impuso medidas cautelares de 90 días y ATE Concordia pidió su separación preventiva.

Una trabajadora de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) denunció por acoso sexual y violencia laboral al vicepresidente del organismo, Ricardo García. La denuncia fue recibida el 13 de noviembre y, al día siguiente, el juez suplente Alexis Ezequiel Beade dio inicio a las actuaciones en el marco de la Ley Provincial N° 10.956.

La Justicia le ordenó abstenerse de cualquier acto de perturbación, intimidación, acoso o violencia, directa o indirecta, dentro o fuera del trabajo. También le prohibió acercarse a menos de 200 metros de la trabajadora, en su domicilio, lugar de trabajo o residencias de familiares y allegados. Las medidas rigen por 90 días, con apercibimiento de desobediencia a un funcionario público.

El juzgado fijó audiencias para el 17 y el 18 de noviembre para escuchar a las partes. Además, ordenó notificar a OSER para que comunique las medidas a García y adopte recaudos para evitar situaciones de violencia. El denunciado podía comparecer personalmente o con patrocinio letrado, y la resolución obliga a la obra social a actuar como garante del cumplimiento.

La seccional Concordia de ATE salió a respaldar a la trabajadora. En un comunicado, expresó su «más profunda solidaridad y acompañamiento» y repudió los hechos denunciados. El sindicato calificó de extrema gravedad que un funcionario de alta jerarquía esté involucrado en una situación de esta naturaleza.

El gremio señaló una evidente asimetría de poder entre las partes y cuestionó la falta de un pronunciamiento público del Poder Ejecutivo provincial y del directorio de OSER. Según ATE, el silencio institucional y la ausencia de medidas administrativas inmediatas, aun cuando ya hay medidas cautelares judiciales, contribuyen a revictimizar a la trabajadora. La seccional reclamó la inmediata separación preventiva de García mientras avance el proceso.

No consta una versión pública de Ricardo García. ATE pidió además garantías de resguardo laboral, psicológico y físico para la denunciante y que se apliquen protocolos contra la violencia laboral y de género en todas las dependencias del Estado provincial. «No hay lugar para la impunidad ni para el silencio cómplice frente a la violencia de género en el ámbito laboral», cerró el sindicato.

El caso expone una tensión incómoda: una medida judicial ya existe, pero la presión gremial apunta a una respuesta administrativa más dura. ¿Qué hacés con la credibilidad institucional cuando la denuncia cae sobre un funcionario de alta jerarquía? Con las audiencias, el proceso entra en una etapa más sensible y la obra social deberá definir si acompaña con decisiones concretas la gravedad de la denuncia.

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