La amenaza de desalojo sobre las familias de Pampa Soler volvió a chocar contra un obstáculo judicial. El fallo, fechado el 18 de noviembre, revocó las dos resoluciones con las que el juez Gabriel Belén había ordenado avanzar con el lanzamiento de los ocupantes.
La primera resolución data del 23 de junio de 2025. En ese acto, Belén habilitó el uso de la fuerza pública y el allanamiento de domicilios. El argumento fue que el Municipio no había respondido un pedido del juzgado para explicar qué gestiones había hecho o comprometido para buscar una salida al conflicto.
El ex secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, había intentado dar respuestas a los vecinos. Pero el camino judicial siguió su curso. El 2 de diciembre de ese año, el magistrado volvió a ordenar el desalojo del inmueble ubicado sobre avenida Pampa Soler, de aproximadamente 18,6 hectáreas, y la posterior entrega de los terrenos a los demandantes.
Esas dos órdenes quedaron sin efecto. Pero la Cámara no se limitó a decir que el desalojo debía esperar. Le indicó a Belén que tiene que volver a estudiar el expediente y dictar una nueva resolución, explicando con fundamentos concretos por qué corresponde o no ejecutar la medida en las condiciones actuales.
El mensaje es claro: no alcanza con decir que existe una sentencia firme de 2019 y que, por lo tanto, hay que cumplirla. Desde entonces pasaron cosas. Aparecieron nuevas normas y existen documentos oficiales sobre el barrio que deben ser examinados antes de tomar una decisión que puede dejar a cientos de personas sin sus viviendas.
Uno de los puntos centrales del fallo es la Resolución 157/2023 de la Secretaría de Integración Sociourbana, publicada en octubre de ese año. Esa disposición identificó a Pampa Soler dentro del Registro Nacional de Barrios Populares, con el número de identificación 3142.
La cuestión no es solamente que el barrio figure en ese registro. La documentación también contiene datos catastrales que coinciden con los del inmueble involucrado en el juicio: la partida inmobiliaria 105364 y el plano 41949. Sin embargo, hay una particularidad: la incorporación aparece como parcial.
Por eso, la Cámara le exige al juez que determine exactamente qué superficie está incluida. No alcanza con saber que Pampa Soler figura en el registro: hay que establecer qué parte del terreno está alcanzada por esa protección y qué consecuencias tiene eso para el juicio de desalojo.
También deberá analizar el artículo 15 de la Ley Nacional 27.453, modificada por la Ley 27.694. Esa norma establece la suspensión de acciones y medidas judiciales que puedan terminar en el desalojo de inmuebles incluidos en el RENABAP.
A esto se suma la Ley Provincial 11.244, sancionada en enero de 2026 y vinculada con la expropiación del inmueble. La Cámara considera que Belén debe examinar qué efectos tiene esa ley sobre el terreno y en qué estado se encuentran las actuaciones administrativas relacionadas con una eventual adquisición o expropiación.
El fallo no dice que todo el terreno ya esté expropiado ni que todas las familias tengan automáticamente garantizado el derecho a permanecer allí. Lo que sostiene es que esas cuestiones pueden cambiar el escenario jurídico y, por lo tanto, el juez está obligado a estudiarlas antes de decidir. Además, deberá considerar la situación habitacional de las personas que viven en el lugar y las intervenciones de los organismos públicos.
La Cámara también señala que, al tomar una decisión, hay que poner en la balanza el derecho de propiedad de los titulares del inmueble y el derecho a una vivienda digna de quienes lo habitan. La Cámara pide especial atención a los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables cuya situación esté acreditada. La disputa no es solo legal: también es sobre el techo de cientos de familias.
Con la revocatoria de las dos órdenes, el expediente vuelve a la mesa del juzgado con un nuevo mapa normativo: el barrio figura en el registro nacional, hay una ley provincial de expropiación en estudio y la justicia debe explicar por qué sí o por qué no se ejecuta el desalojo.