El Estado entró de lleno a una empresa clave del universo de Lázaro Báez: la justicia ordenó avanzar con la liquidación de Austral Agro S.A. para cubrir parte de las multas millonarias impagas. La medida salió del Tribunal Oral Federal 4, que ejecuta la pena unificada de 15 años que afronta el empresario en el penal de Ezeiza.
La presidenta del Tribunal Oral Federal 4, Valeria Rico, dispuso el paso tras una causa iniciada por la fiscalía federal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate. La Unidad de Información Financiera asumirá la titularidad de la firma y la Agencia de Bienes del Estado deberá administrar el dinero producido para saldar las acreencias.
El expediente sostiene que, durante el último año, Báez designó administradores y dio órdenes específicas para seguir explotando comercialmente bienes alcanzados por los decomisos de las causas Vialidad y Ruta del Dinero K. Las escuchas telefónicas incorporadas a la nueva causa por lavado de dinero, asociación ilícita y vínculos con una organización narco criminal muestran ese circuito de gestión desde la prisión.
El empresario volvió a quedar tras las rejas el 11 de junio del año pasado, cuando cumplía arresto domiciliario en una propiedad de El Calafate. La orden de regresar a un penitenciario federal la dio el juez Néstor Costabel, responsable de ejecutar la pena de la Ruta del Dinero K, que recibió firmeza por la Corte Suprema de Justicia.
Hay dos decomisos a los que debe responder: 60 millones de dólares en la causa por blanqueo de activos y 685.000 millones de pesos por la adjudicación irregular de obra pública vial. El recupero del producido del delito se afronta de manera solidaria entre todos los condenados, pero en ambos expedientes quien posee el mayor patrimonio, según la información judicial, es Lázaro Báez.
A 2016, según el Tribunal de Tasaciones, sus bienes valían 3.058.871.300 pesos, equivalentes entonces a 205.134.525 dólares. Ese valor correspondía a 440 bienes inmuebles y 972 rodados y máquinas viales, y la justicia certificó que el patrimonio del empresario se incrementó entre 2004 y 2015 en un 12.127 %, mientras el de Austral Construcciones lo hizo en un 45.313 %.
Entre los más de 1.400 bienes hay terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial. Están distribuidos en diez localidades de Santa Cruz, también en Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero y Capital Federal.
Pese a resoluciones judiciales que van desde la ejecución de bienes, el pedido de decomiso y la inscripción de propiedades bajo la titularidad de la Corte Suprema, el expediente sostiene que Báez evadió controles y medidas cautelares. La justicia federal de Río Gallegos contabilizó la explotación de unidades funcionales, galpones, locales comerciales donde funcionan laboratorios y un parque automotor que tenía órdenes de captura.
Fuentes judiciales explicaron que los bienes son controlados por los dos tribunales que ejecutan penas y que se sabía que Báez tenía clandestinamente un circuito de alquileres que se desconocían. Por ese motivo, la fiscalía radicó la denuncia con una investigación que viene hace tiempo. En la información disponible, no consta una respuesta del empresario.
