El caso no dejó margen para la comodidad: la Corte Suprema quedó totalmente dividida en una revisión de crímenes de lesa humanidad y la condena se sostuvo recién con dos conjueces. La decisión no fue un trámite: obligó a sumar votos de jueces provinciales para ratificar lo que había confirmado la Casación Federal.
El expediente apunta a 24 trabajadores de Ford Motor Argentina, víctimas de privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y tormentos agravados entre 1976 y 1977. En el juicio oral, dos directivos de la empresa fueron condenados como partícipes necesarios de los secuestros.
Uno de ellos, Héctor Sibilia, ya falleció; el otro, Pedro Müller, ex gerente de Manufactura, recibió diez años de prisión e inhabilitación absoluta. La Casación Federal había confirmado esa condena con los votos de Slokar y Mahiques, mientras Yacobucci disintió.
Para los jueces, la defensa de Müller insistió en agraviarse por el cargo que ocupaba, sin atacar las pruebas sobre su rol dentro de la planta. El voto mayoritario de la Corte, integrado por Horacio Rosatti y los conjueces Fernando Poviña y Juan Ignacio Pérez Curci, sostuvo que el ex directivo tenía especial relevancia y efectivo control del lugar donde se desplegaron los crímenes.
El reparto no fue uniforme. Ricardo Lorenzetti también rechazó el recurso, pero por una vía distinta: aplicó el artículo 280 del Código Procesal, que ordena no intervenir cuando no hay cuestiones federales o constitucionales en juego. Carlos Rosenkrantz, en disidencia, aceptó el recurso de Müller y buscó anular su condena.
La Casación había detallado que las autoridades y el personal jerárquico de Ford aportaron recursos logísticos y materiales a las fuerzas militares que realizaron los secuestros. También afirmó que la fábrica funcionó como centro clandestino de detención, donde las víctimas fueron sometidas a tormentos.
El fallo subrayó que Müller no necesitaba conocer el porcentaje de ausentismo ni individualizar a los 7.200 empleados de Ford Argentina al momento de los hechos. Pero sí debía asumirse responsable de la producción de toda la planta, de las decisiones de la empresa, del control de operarios y de la dirección de supervisores y capataces.
La Casación también advirtió que desde marzo de 1976 Müller disponía y controlaba aumentos sensibles en las exigencias de producción. Ese dato, para el tribunal, mostraba que su rol no era inocuo.
La lectura es incómoda: cuando un cargo da poder sobre personas y sobre una planta, la distancia con el hecho no se sostiene con desconocimiento administrativo.
El fallo mantiene la condena de Müller y reafirma la responsabilidad de los directivos de Ford en los secuestros y tormentos de los 24 trabajadores.
