El proyecto de Defensa de la Soberanía todavía no termina de acomodarse en la Cámara de Diputados. Un sector de los aliados le pide al oficialismo que retire un título completo de la propuesta impulsada por el asesor Santiago Caputo porque, en su lectura, abre una puerta incómoda para la libertad de expresión.
La Libertad Avanza confía en tener los votos para aprobar sin cambios el dictamen firmado esta semana. El despacho contó con el acompañamiento del PRO y la UCR.
También sumaron firmas Provincias Unidas y Argentina Federal. Pero la foto no está tan limpia: esos espacios provinciales quedaron divididos, y la radical Karina Banfi sumó su monobloque a la disidencia.
El roce se concentra en el título VII, titulado Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones. Los aliados piden retirar del artículo 127 al 130, inclusive.
En rigor, ese fragmento fue modificado para asegurarse las 60 firmas en el despacho de comisión y, en cierta medida, está vinculado con la libertad de expresión. Puntualmente, se modifican artículos del Código Penal para establecer sanciones con penas de prisión.
Quizás el más controvertido es el nuevo artículo 129, que vino a reemplazar el 111 de la versión original y busca penalizar la posible injerencia extranjera en un proceso electoral o en la opinión pública. El texto deja aclarado que no alcanza a la actividad diplomática, al ejercicio de la actividad periodística ni a la investigación académica, aunque la redacción sigue generando tensiones.
Algunos diputados sospechan que el tramo que apunta contra la injerencia extranjera mediante formas clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas podría convertirse en excusa para la persecución de dirigentes opositores en el recinto. La advertencia no es menor: si el oficialismo no elimina esos artículos, los disidentes anticiparon que los rechazarán en la votación en particular.
Los otros tres artículos también hacen referencia a penas por poner los secretos del Estado a disposición de un país extranjero o de un servicio de inteligencia extranjero. Asimismo, se plantean penas de prisión para quien colabore con la logística de una operación clandestina de inteligencia en el país por cuenta de un Estado extranjero.
Otro punto que puede generar discusión es el título 5, que otorga poder al proyectado Consejo de Seguridad para revisar y dar conformidad a operaciones de inversión realizadas por un Estado extranjero o una persona jurídica controlada por éste, vinculadas a defensa, telecomunicaciones, actividades espaciales, energía, hidrocarburos o minería. La intervención se daría cuando estén involucradas las denominadas infraestructuras críticas, determinadas por el mismo Consejo.
El proyecto enviado por la Casa Rosada fue presentado para ratificar la defensa de la soberanía en las Malvinas. También busca la protección de los recursos naturales y el endurecimiento de las sanciones ya previstas en la legislación argentina.
Todo aparece en medio de la polémica por el avance del proyecto petrolero Sea Lion. El proyecto está administrado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum.
Las tensiones aumentaron cuando Estados Unidos expresó su preocupación por la posibilidad de que las penalidades propuestas alcancen no solo a las firmas que operan en Malvinas, sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas. La discusión ya no es solo electoral: se mezcla con inversión extranjera, seguridad y Malvinas.
El nombre suena a bandera: defensa de la soberanía. Pero el detalle del texto es donde se te complica: si el proyecto avanza como un marco de seguridad o se convierte en una herramienta de control sobre la disputa pública. En la política argentina, los títulos de ley suelen ser más amplios que los artículos; acá, en cambio, el artículo es el que está en el ojo de la tormenta.
