La foto dejó una ausencia que pesa: la oposición quedó afuera de la presentación del Presupuesto municipal 2027 y, además, todavía no accedió a una copia del proyecto. El dato no es menor en un Concejo Deliberante donde el diálogo institucional se juega en cada sesión.
El PJ cuestiona la falta de transparencia y recuerda que hay casi 20 pedidos de informes sin respuesta. En la sesión del jueves, la concejal Claudia Villalba advirtió: «Tenemos casi 20 pedidos que no fueron respondidos que necesitan respuestas con urgencia pero no los responden».
El concejal Jorge Mendieta fue más duro: «Sería una catástrofe que los ediles deban recurrir a la Justicia para que cumpla con sus obligaciones». Su advertencia aparece en medio de una disputa por información oficial y por el control de la gestión municipal.
El proyecto permanece en las oficinas de la presidencia del Concejo Deliberante y, quizás, en las de los ediles de Juntos por Entre Ríos. La oposición reclama copias para poder analizarlo antes de que el debate se convierta en una formalidad.
La comparación entre la presentación y la sesión muestra dos escenas distintas: una con el oficialismo en primer plano y otra con la oposición reclamando acceso a la información. No se trata de una anécdota fotográfica, sino de un síntoma político.
El caso de Chajarí amplió la discusión. Los ediles Roque Mary Dalprá y Mirian Etchevarne del PJ presentaron una denuncia penal contra el intendente Marcelo Borghesan por presunta comisión de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La presentación se apoya en el presunto incumplimiento de la Ley Nacional N° 25.916 sobre gestión de residuos domiciliarios. Los ediles señalan que no se estaría realizando la correcta separación de residuos, que se entierra material sin tratar y que los operarios trabajan sin protección adecuada. No constó la versión de Borghesan.
En el recinto, Mendieta también había alertado por el Campo del Abasto: «La gente está trabajando a la intemperie, revolviendo bolsas de basura en una montaña como era antes: sin guantes, sin ropa, sin calzado, sin seguridad». La frase resume la tensión entre pedidos de control y respuestas que no llegan.
La polémica también cruza una causa judicial vinculada a la empresa Ahora Voy, proveedora de comestibles, por diferencias en facturación y remitos superiores a 100 millones de pesos. La empresa fue apartada del registro de proveedores de la municipalidad. La Justicia investiga a la excoordinadora departamental de comedores escolares, Silvina Murúa, a quien se le atribuye haber presionado o dirigido compras en 37 escuelas. No constó su descargo.
Cada pedido sin respuesta deja un vacío: no se puede fiscalizar lo que no se puede ver. En un Concejo, la información no es un favor, es una obligación. El Presupuesto 2027 no es solo un número: es la herramienta con la que la municipalidad organiza gastos, servicios y prioridades. Si la oposición queda afuera de la mesa, el debate se vuelve más áspero y la ciudad entera paga la cuenta en transparencia.
