Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos entró al debate por la reforma del Código Procesal Laboral con una advertencia que no deja espacio a la tibieza: el tope de honorarios periciales puede vaciar la cadena de pruebas técnicas. La institución participó de la instancia de análisis legislativo del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y dejó en claro que el límite máximo de ocho juristas, desvinculado del monto de la sentencia, preocupa a los especialistas.
En la exposición estuvieron Celso Beltrame, presidente del colegio; Iván Arcusin, presidente de la Comisión de Peritos; y Enrique Martínez, asesor legal. No fue una presentación genérica: fue una señal de alarma sobre el rol de los peritos en causas laborales, industriales y de seguridad e higiene. El mensaje central fue directo: si vos no pagás bien ni a tiempo, la Justicia pierde capacidad técnica.
Beltrame insistió en que las modificaciones normativas deben contemplar la realidad del trabajo pericial, sus exigencias técnicas y los tiempos que demanda la administración de justicia. Para el Colegio, una retribución adecuada no es solo una cuestión de ingresos: sirve para sostener especialistas independientes y asegurar la calidad de las pruebas. A su vez, advirtió que la inflación erosiona el valor de los honorarios mientras las causas se alargan.
La frase que más pesa viene de los matriculados: “cobran poco y muy a destiempo” respecto del momento en que realizan su trabajo. Según el Colegio, existe un desánimo generalizado para continuar en la Justicia y cada vez más profesionales rechazan las designaciones. El riesgo no es menor: si se achica el cuerpo de peritos disponibles, la calidad de las pericias se resiente.
Arcusin fue por el punto de fondo: todos buscan una ley justa y equitativa, pero “cortar el eslabón más débil de la cadena no es la solución”. Explicó que la labor pericial no se limita a un informe: incluye análisis, inspecciones, ensayos y defensa técnica ante los tribunales. Un límite uniforme, desvinculado de las características de cada intervención, puede generar retribuciones desproporcionadas y espantar a los especialistas.
También advirtió sobre el volumen de causas que debería afrontar un eventual cuerpo oficial de peritos, considerando la cantidad de juicios laborales que se registran anualmente en la provincia. En ese marco, el Colegio pidió revisar la iniciativa y garantizar la participación de las entidades profesionales en la regulación de los honorarios. La idea es preservar la calidad y la independencia de la labor pericial.
Martínez sumó el dato político: el planteo del Colegio coincide en varios aspectos con observaciones de otras entidades, entre ellas el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La propuesta provincial, señaló, establece un techo para los honorarios y los desvincula del monto de la sentencia. Ahí está el nudo: no se trata solo de números, sino de cómo se sostiene la prueba técnica en la justicia laboral.
El debate sigue abierto en el tratamiento legislativo. La reforma del Código Procesal Laboral vuelve a poner sobre la mesa un problema viejo: cómo pagar, cuándo pagar y a quién confiar la tarea de transformar hechos técnicos en pruebas judiciales. Si el tope avanza sin cambios, los especialistas ya dejaron su advertencia sobre la mesa.
