Cada vaca que no puede moverse en una isla es un problema que se vuelve número: más de 400 cabezas de ganado quedaron en el centro de una pelea judicial por registros sanitarios bloqueados.
La Justicia ordenó, por sentencia del 26 de octubre, suspender por tres meses el bloqueo del registro sanitario a un establecimiento de islas de Diamante.
El establecimiento se llama Isla Los Sauces y la medida alcanza también a los registros de las personas autorizadas por el productor. Ese bloqueo había sido ejecutado por la oficina local de SENASA, a pedido de la anterior Dirección de Administración de Tierras Fiscales.
El fallo sostiene que no consta que el bloqueo hubiera sido notificado al actor ni que se le hayan explicado los fundamentos del pedido estatal. Para los magistrados, eso muestra un procedimiento administrativo donde el afectado no tuvo participación ni defensa.
Además, hay un litigio en curso sobre la usucapión y la propiedad del inmueble, en trámite ante la justicia de Diamante. El tribunal recuerda que, aunque el Estado pudiera tener razón sobre la naturaleza de las tierras, eso sigue en discusión y obliga a esperar una sentencia.
El punto más concreto es el peligro en la demora: más de 400 cabezas de ganado no pueden movilizarse por el bloqueo, en un contexto de emergencia hídrica por el fenómeno El Niño.
La emergencia fue declarada por el Decreto Nº 2.660/26. En otras palabras, el agua no es un detalle de fondo: es el termómetro de una disputa que afecta al campo y a la producción de las islas.
La medida cautelar fue promovida por el poseedor a título de dueño de una fracción de isla ubicada en el Departamento Diamante. La orden llegó al Estado provincial y a SENASA, que deben cumplir la suspensión mientras se define el fondo.
El argumento central no es menor: si no se notificó el bloqueo, no se puede sostener que el productor estuvo a tiempo de defenderse. En un sistema donde los registros sanitarios habilitan, frenan o paralizan la actividad, esa omisión pesa como una losa sobre la ganadería.
La medida no resuelve quién es el dueño final de la tierra ni si la isla puede adquirirse por posesión. Solo ordena que, mientras dure el plazo de tres meses, no se paralice por completo la actividad de un establecimiento con ganado vivo.
El dato climático agrega urgencia: con la emergencia hídrica declarada por El Niño, mover animales no es un trámite burocrático, es una necesidad operativa. Si el ganado no puede salir, el problema se multiplica en el campo.
La sentencia deja un mensaje claro: el Estado puede defender sus tierras fiscales, pero no puede hacerlo con un bloqueo que no se notifica, no se explica ni se somete a un proceso con garantías. En islas de Diamante, la disputa es jurídica, pero el golpe lo siente el productor.
