Una denuncia que sacude a la fuerza policial de Gualeguay: una funcionaria dijo haber encontrado una cámara de video instalada en el baño destinado al personal femenino de la Comisaría Primera. Lo que siguió fue un allanamiento ordenado por la Justicia y una investigación que, según trascendió, ya excede el hallazgo del dispositivo.
La medida fue dispuesta en el marco de una causa penal iniciada a partir de esa denuncia. La Fiscalía no solo investiga el presunto registro clandestino sino que también analiza si hubo ocultamiento o destrucción de pruebas en el proceso, lo que agregaría una capa de gravedad institucional al expediente.
El hecho ocurrió en una dependencia policial, lo que lo convierte en algo más que un caso aislado: si se confirma la instalación deliberada de una cámara en ese espacio, estaríamos ante una violación flagrante de la intimidad de las agentes que trabajan ahí, cometida desde adentro del propio sistema de seguridad. La pregunta que nadie puede eludir es quién colocó el dispositivo y desde cuándo estaba ahí.
La posible destrucción de pruebas que analiza la Fiscalía sugiere que el caso podría involucrar a más de una persona y que existiría algún intento de cubrir lo ocurrido. En ese escenario, la investigación judicial cobra una dimensión que va más allá del delito original.
Por el momento, el expediente sigue abierto y las autoridades no han informado detenciones ni imputaciones formales. El allanamiento a la sede policial de Gualeguay es el paso más visible de una causa que recién empieza a mostrar su alcance real.
