La desaparición de Loan Peña sigue siendo uno de los casos más perturbadores de la Argentina reciente, y cada semana que pasa suma una capa más de opacidad institucional. Lo que ya no admite demasiada discusión es esto: hay personas que saben lo que pasó y eligieron el silencio.
El primer señalado es el ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Según la reconstrucción del caso, apenas ocurrida la desaparición del niño, Valdés habría enviado a su hombre de confianza en la legislatura provincial a intentar coimear a los padres de Loan para que fabricaran una versión falsa de los hechos. La maniobra, tan burda como reveladora, habla de alguien que sabía exactamente qué había pasado y necesitaba que eso no llegara ni a la opinión pública ni a la Justicia.
El segundo nombre es el del senador Diego Pellegrini. Cuando la jueza Cristina Pozzer Penzo ordenó su indagatoria por su presunta intervención en el caso, Valdés movió sus fichas en la legislatura —donde su espacio político controla ambas cámaras— para bloquear el desafuero. Sin desafuero, no hay interrogatorio. Sin interrogatorio, no hay verdad. La lógica es tan simple como escandalosa.
Pero el encubrimiento no empieza ni termina en la política. La policía de Corrientes tiene un historial que no ayuda a presumir inocencia institucional. En los últimos veinte años, prácticamente la totalidad de los decomisos de droga en tránsito por la provincia fueron realizados por Prefectura Naval y Policía Federal, nunca por la fuerza local. El caso más emblemático fue el Operativo Sapucai, que terminó con el intendente de Itatí, Roger Natividad Terán, y varios efectivos policiales correntinos imputados.
En ese contexto, la actuación del comisario Walter Maciel desde el primer momento de la desaparición de Loan resulta difícil de leer como simple incompetencia. Maciel se hizo cargo de la investigación inicial y fue apartado, detenido e imputado. Primero como encubridor, luego como partícipe necesario en la desaparición. Los cargos que pesan sobre él incluyen el retardo deliberado en iniciar la búsqueda, la falsificación de documentación para disimular ese retardo, y la suspensión del rastrillaje basada en una falsa alarma de que el niño había sido encontrado.
El caso Loan ya no es solo la historia de un chico que desapareció en un campo de Corrientes. Es también la historia de un sistema que, desde distintos niveles, parece haber funcionado para que la verdad no salga. Mientras eso no cambie, la pregunta que desvela a la familia de Loan seguirá sin respuesta.
