Un número que asusta: $350 millones. Eso es lo que reclaman un padre y su hijo en un juicio laboral contra una pyme entrerriana dedicada a la fabricación y venta de papel higiénico y rollos de cocina, ubicada en el sur de la provincia. El monto es tan alto que la empresa quedó al borde de la quiebra y decidió llevar el caso hasta la Corte Suprema.
Los demandantes se desempeñaban como preventistas en zonas de la costa del Uruguay, realizando la preventa de los productos de la firma. Según la demanda, la relación laboral con la empresa habría generado obligaciones que, a criterio de los trabajadores y sus representantes legales, no fueron debidamente reconocidas ni liquidadas. El resultado judicial de las instancias previas derivó en una condena que, en términos económicos, representa una carga imposible de afrontar para una empresa de escala mediana.
El caso pone sobre la mesa una tensión que no es nueva en el mundo empresarial entrerriano: la de las pequeñas y medianas empresas que enfrentan litigios laborales con montos que, por la dinámica de actualización e intereses, terminan siendo desproporcionados respecto de su capacidad patrimonial. No se trata de discutir si los trabajadores tienen derecho a reclamar —lo tienen, y es un derecho constitucional—, sino de preguntarse si el sistema judicial tiene herramientas para evitar que una sentencia termine destruyendo la fuente de trabajo de otros empleados.
La empresa, que genera empleo en el sur provincial y abastece mercados de la región, ahora apuesta a que la Corte revise el fallo y encuentre una salida que no implique el cierre definitivo. El camino es largo, incierto y costoso. Mientras tanto, la actividad productiva queda en suspenso, los trabajadores actuales de la firma quedan en la incertidumbre y la pyme navega en aguas turbulentas sin saber si llegará a la orilla.
El desenlace de este caso será seguido de cerca por el sector empresarial entrerriano, que ve en él un precedente sobre cómo el sistema judicial procesa los conflictos laborales cuando los montos en juego amenazan la viabilidad misma de las empresas involucradas.
