Hay una historia que cruza represas patagónicas, capitales chinos, cuadernos manuscritos y empresarios presos. Gerardo Ferreyra, expresidente de Electroingeniería, la firma que se asoció con la china Gezhouba para construir las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, rompió el silencio y habló sobre lo que vivió durante los años en que la Justicia lo tuvo en la mira.
Ferreyra fue uno de los primeros empresarios argentinos en impulsar una asociación con China para invertir en represas, centrales nucleares y termoeléctricas. Según relata, ese protagonismo en el acercamiento bilateral entre Argentina y China —que comenzó formalmente con el Acuerdo Estratégico firmado entre Néstor Kirchner y Hu Jintao en 2004— fue precisamente lo que lo convirtió en blanco judicial. “Cada vez que el imperialismo quiso dominar la infraestructura de un país, siempre eligió como blanco la obra pública”, afirmó.
El empresario describe un esquema que, según su versión, buscaba presionar a empresarios vinculados a la obra pública kirchnerista para que declararan contra Cristina Fernández de Kirchner. El instrumento, dice, fue la llamada “Ley del arrepentido”, que ofrecía beneficios procesales a cambio de confesiones. “Querían que mienta para ensuciar a Néstor y a Cristina”, sintetizó con una frase que no deja margen a la ambigüedad.
En ese marco, Ferreyra encuadra su procesamiento dentro de la denominada “Causa Cuadernos”, el expediente que sacudió la política argentina y que se construyó, en parte, sobre cuadernos manuscritos que llegaron al periodista Diego Cabot, del diario La Nación. Según el empresario, los peritos de ambas partes en el juicio constataron tachaduras y caligrafías de distintas manos en esos materiales, lo que consideró una prueba endeble para sostener una acusación de semejante magnitud.
La tesis de Ferreyra es la del lawfare: el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política. Menciona los casos de Lula da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador como antecedentes del mismo patrón. “Una causa sin delitos”, la llama. Desde ya, se trata de su versión de los hechos, y la Justicia argentina tiene sus propias conclusiones en proceso.
Lo concreto es que las represas que Electroingeniería comenzó a construir en la Patagonia representaron uno de los mayores proyectos de infraestructura energética de las últimas décadas en el país, financiados con capital chino y con prioridad para insumos nacionales como hierro y cemento. El destino judicial de quienes participaron de ese proceso sigue siendo materia de debate político y jurídico en la Argentina de hoy.
