Más de una década de litigio y el río Paraná como víctima. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el último recurso de la empresa Atanor S.C.A. y dejó firme la condena que la responsabiliza por provocar un daño ambiental irreversible sobre las aguas del Paraná, a la altura de su planta industrial en San Nicolás. No hay más instancias. La sentencia es definitiva.
El fallo cierra un proceso impulsado por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, representada por el abogado Fabián Maggi, y consolida uno de los antecedentes judiciales más significativos en materia ambiental vinculados a la industria agroquímica en el país. Según Maggi, la resolución se apoya en tres ejes que no admiten vuelta atrás: el daño al río es irreversible, parte de la actividad de la empresa se desarrolló en un marco de ilegalidad, y hubo graves deficiencias en los controles estatales.
En ese último punto, el fallo apunta directamente a la Autoridad del Agua (ADA) y al Ministerio de Ambiente bonaerense por no haber fiscalizado adecuadamente los compuestos químicos vinculados a la planta. Maggi advirtió que esa omisión podría derivar en responsabilidades penales para funcionarios por presunto incumplimiento de deberes e incluso falsedad ideológica. La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿quién controló a los que debían controlar?
Las pruebas son contundentes. Durante el proceso se incorporaron pericias técnicas y estudios científicos que acreditaron la presencia de agroquímicos en el área de influencia de la fábrica. Un informe de la ADA elaborado en febrero de 2026 sobre muestras tomadas en el arroyo Yaguarón en octubre de 2025 detectó concentraciones de glifosato de hasta 1,9 microgramos por litro, su metabolito AMPA de hasta 1,4 microgramos por litro, y atrazina de hasta 0,6 microgramos por litro. También se identificaron azoxistrobina e imidacloprid en varias muestras. Lo más perturbador: esos niveles se registraron mientras la empresa supuestamente realizaba tareas de remediación ordenadas por la propia Justicia.
Atanor, por su parte, sostuvo que la presencia de agroquímicos en el río no puede atribuirse exclusivamente a su actividad, dado que esos productos son de uso amplio en la agricultura regional y están autorizados por el Senasa. El propio informe de la ADA reconoce esa complejidad técnica. Pero el tribunal no encontró en ese argumento razón suficiente para eximir a la empresa de su responsabilidad.
Fundada en 1938 y perteneciente desde 1997 al grupo estadounidense Albaugh, Atanor es la única empresa de América Latina que fabrica glifosato, herbicidas fenóxidos y atrazina. Su planta de San Nicolás acumula un historial de denuncias que no se agota con este fallo: en marzo de 2024, una explosión en un reactor dejó un trabajador herido, obligó a evacuar vecinos y generó denuncias por problemas respiratorios y residuos sobre viviendas y vehículos. Ese episodio tramita en una causa judicial separada, aún en curso, que analiza presuntos delitos ambientales vinculados al incidente.
