El Partido Justicialista de Entre Ríos salió con los tapones de punta contra la reforma previsional que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio. En un comunicado oficial, el peronismo provincial no solo rechazó el proyecto sino que lanzó una advertencia interna que no deja margen: quien lo apoye desde las bancas del PJ, lo hace por cuenta propia y en abierta desobediencia al mandato partidario.
El documento es duro de principio a fin. El peronismo le atribuye al oficialismo provincial la responsabilidad total de la iniciativa y la califica como un retroceso en materia previsional. Pero además agrega un condimento político de fondo: acusa al Gobierno de querer «agitar una falsa e inexistente guerra entre trabajadores del sector público y privado» como estrategia para, según sostiene, nivelar los derechos hacia abajo.
La conexión con el ajuste nacional tampoco está ausente. El PJ vincula la reforma directamente con la política económica del presidente Javier Milei y apunta que «las políticas de ajuste nacional, la parálisis económica y el desplome de la recaudación por la recesión» son los factores que empujan esta iniciativa bajo la lógica del déficit cero. En ese marco, también le reprocha a Frigerio no haber reclamado con firmeza los recursos previsionales que, según afirma, la Nación le adeuda a la provincia.
Los cuestionamientos técnicos son concretos. El peronismo sostiene que el proyecto tiene «vicios insalvables de inconstitucionalidad» y apunta contra varios artículos. Sobre el artículo 34, afirma que elimina la movilidad histórica y deja la actualización de haberes en manos del Ejecutivo. Respecto del 82% móvil, lo califica de «maniobra publicitaria vacía»: el cambio en la base de cálculo —de las últimas 120 a las últimas 180 remuneraciones— produciría, según el PJ, una licuación del haber inicial. El artículo 6, que declara la emergencia previsional, es rechazado por funcionar como un «cheque en blanco» para que el gobernador modifique aportes y alícuotas por decreto.
También hay críticas al artículo 15, que habilitaría a la Contaduría General de la Provincia a retener fondos de coparticipación a los municipios para cobrar deudas previsionales, lo que el PJ considera una afectación directa a la autonomía municipal. Y sobre las mujeres, el documento denuncia un «profundo sesgo discriminatorio»: el aporte solidario recaería sobre sectores altamente feminizados, se elevaría la edad jubilatoria y se limitarían las pensiones por viudez.
La advertencia interna es quizás el punto más caliente del comunicado. El PJ dejó en claro que «no existe espacio para el acompañamiento individual» y que las modificaciones incorporadas durante el debate legislativo son «meramente cosméticas e insuficientes». Cualquier legislador peronista que vote a favor quedará en falta con el partido, sin grises ni excepciones.
El cierre del documento apunta al fondo político: el peronismo sostiene que había otro camino posible para discutir la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, uno que contemplara la recuperación de los fondos adeudados por la Nación. Pero el oficialismo, según afirma, prefirió imponer una reforma sin consensos. La discusión legislativa en la Legislatura provincial promete ser intensa, con el peronismo en posición de bloque cerrado y la presión interna sobre sus propios legisladores como variable central del debate.
