Una decisión que llega tarde para muchos, pero que era necesaria: la Policía de Entre Ríos amplió el convenio de atención en salud mental para que el beneficio no quede restringido solo al personal en actividad.
Hasta ahora, el acceso a atención psicológica con condiciones especiales era un privilegio del policía en servicio. Con la ampliación del acuerdo, el beneficio se extiende al grupo familiar primario del personal activo, y también incorpora a policías retirados, pensionados y sus respectivas familias. Una cobertura que, en una fuerza donde el estrés laboral y los riesgos psicosociales son parte del oficio, debería haber llegado antes.
El convenio mantiene el descuento del 20% en las consultas y contempla un sistema de reintegros para los afiliados a OSER, la obra social del personal estatal entrerriano. Eso significa que quien ya está dentro del sistema de cobertura médica puede recuperar parte del costo de la atención psicológica, reduciendo la barrera económica que suele ser el primer obstáculo para pedir ayuda.
La salud mental en las fuerzas de seguridad es un tema que históricamente se trató en voz baja. El trabajo policial acumula exposición a situaciones traumáticas, presión institucional y una cultura que no siempre facilita reconocer la necesidad de apoyo profesional. Extender el beneficio a las familias también reconoce algo evidente: el impacto de esa carga no se queda en la comisaría, llega a casa.
La medida representa un paso concreto hacia una política de bienestar más integral dentro de la fuerza, y la inclusión de los retirados y pensionados cierra una deuda histórica con quienes ya dejaron el servicio activo pero cargan con las marcas de años de trabajo en condiciones exigentes.
