“El agua nos está llegando a todos“. La frase es coloquial, casi de almacén, pero resume con precisión brutal lo que está pasando en Gualeguaychú y la región: una cadena de despidos industriales que ya no afecta solo a los trabajadores de las fábricas, sino a toda la trama económica de las ciudades.
El responsable de la CGT Gualeguaychú, De Los Santos, describió un panorama de tres frentes abiertos al mismo tiempo. El primero y más antiguo es el de Fademi, planta petroquímica ubicada en Larroque, donde a fines de 2024 la empresa cesanteó a 37 trabajadores que habían protestado por condiciones laborales insalubres. La justicia ordenó la reincorporación, la Corte Suprema rechazó la apelación de la empresa, y aun así la compañía incumplió el fallo. El resultado: más de 500 días de acampe frente a la planta, con obreros que no se mueven. La CGT además denunció que la empresa intentó ingresar nuevos trabajadores sin convenio laboral y sin afiliación al sindicato petroquímico.
El segundo conflicto es en los laboratorios Pyam, en el Parque Industrial de Gualeguaychú, que fabrica productos químicos para el tratamiento del agua. Allí se despidió a 19 trabajadores en dos tandas: primero 8 en abril, alegando crisis, y luego 11 más, notificados en muchos casos por mensajes de WhatsApp. La Secretaría de Trabajo dictó conciliación obligatoria y los operarios pudieron retomar sus puestos mientras se negocia.
El caso más reciente y con más peso numérico es el de Unionbat, donde se despidieron 101 trabajadores. De Los Santos señaló que los despidos se concentraron en el personal comisionado —cuyo salario depende del volumen de ventas o producción— mientras que los jerárquicos, gerentes y supervisores, no recibieron ninguna notificación de desvinculación. Esa asimetría encendió las sospechas de los trabajadores: la empresa tiene otra planta en Villa Lynch, partido de General San Martín, en el AMBA, y la hipótesis que circula es que detrás del cierre puede haber una maniobra de relocalización. La Secretaría de Trabajo también decretó conciliación obligatoria, pero a diferencia de Pyam, Unionbat no asignó tareas: paga salarios pero mantiene la planta cerrada. Los trabajadores rechazan cualquier indemnización y exigen volver a trabajar.
De Los Santos amplió el mapa del deterioro más allá de Gualeguaychú: mencionó la crisis de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay y los despidos de un centenar de empleados municipales en Concordia. En Gualeguaychú, además, hubo despidos en las termas y comercios que directamente cierran o migran a domicilios particulares porque no pueden pagar alquileres.
Para el dirigente sindical, la apertura de importaciones y la flexibilización laboral están ejecutando lo que él llama un “industricidio“: “No genera ninguna mejora como se decía que iba a generar para las actividades industriales. Por el contrario, se está cayendo lo que tenemos y se está precarizando lo que tenemos”, remarcó. El impacto en la cadena económica local es difícil de cuantificar con precisión, pero la dirección del movimiento es clara: hacia abajo, y con velocidad creciente.
