Un mensaje en una red social le costó varios días de detención y traslados por tres provincias. Franco Matías Javier Oscari, de 26 años, campesino del paraje Las Goteras, a unos 50 kilómetros del municipio de Palma Sola en el departamento Santa Bárbara, Jujuy, fue detenido en su propia casa en la madrugada del 23 de junio. Su único antecedente: haberle escrito al perfil personal de la senadora Patricia Bullrich para denunciar la violencia con que se están ejecutando desalojos de familias originarias en el norte jujeño, territorios donde corporaciones internacionales tienen puestos los ojos en la explotación de minerales.
Lo que siguió fue un derrotero que mezcla arbitrariedad con espanto. Según se informó, Oscari fue trasladado primero a Jujuy, luego a Salta, después a Tucumán y nuevamente a Jujuy, sin que su familia ni sus defensoras supieran su paradero durante varios días. El juez federal Ariel Lijo, según denunciaron organizaciones que siguieron el caso, pretendía además su traslado a Buenos Aires. Fue el juez federal jujeño Esteban Hansen quien frenó esa maniobra al hacer lugar al hábeas corpus presentado por las defensoras, ordenando el retorno a la capital provincial.
El viernes 3 de julio, luego de que el análisis de su teléfono celular no arrojara ninguna prueba, Oscari recuperó la libertad. Pero el alivio es parcial: continúa procesado. El delito que se le imputa es, en esencia, haber expresado su disconformidad ante una funcionaria pública a través de una red social.
El perfil del joven detenido no encaja con ningún estereotipo de peligrosidad. Oscari terminó la escuela secundaria como abanderado, formó su familia y vive de manera comunitaria en ese paraje aislado, como lo hicieron sus ancestros durante generaciones. Son muchas las organizaciones que reclamaron su libertad. Entre ellas, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, que expresó su «profunda preocupación frente a cualquier acción que implique criminalización de la expresión de ideas» y el uso de mecanismos estatales contra derechos y garantías fundamentales.
El caso de Oscari no surge en el vacío. En el norte jujeño se acumulan tensiones entre comunidades originarias y el avance de intereses extractivos sobre territorios que esas comunidades habitan desde hace siglos. La detención de un joven por escribirle a una senadora no es solo un hecho policial: es una señal sobre los límites que el poder le traza a quienes se atreven a alzar la voz desde los márgenes. Que haya sido liberado por falta de pruebas es un dato relevante. Que siga procesado, también.
