Una etapa larga y trabada llegó a su fin. La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, cerró este miércoles la etapa intermedia de la llamada causa Contratos Truchos y dispuso la remisión de las actuaciones a juicio oral y público. El camino hacia el debate definitivo quedó despejado.
La audiencia duró más de tres horas. En ese tiempo, Barbagelata respondió uno por uno los planteos defensivos y los rechazó en su mayoría, con argumentos que la jueza describió como propios de la etapa de fondo: según su criterio, las objeciones de las defensas eran cuestiones de hecho y prueba que corresponde resolver en el juicio oral, no en una instancia de control de garantías.
La causa investiga el presunto desfalco al Estado provincial mediante contratos de locación de obra celebrados con personas que solo prestaban sus nombres sin realizar ningún trabajo. La modalidad se habría desplegado en las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia: en el Senado entre 2008 y 2018, y en Diputados entre 2011 y 2018. Los delitos imputados son peculado, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado. De los 32 imputados originales, quedan 18 en el proceso.
Barbagelata también rechazó el pedido de sobreseimiento de Ariel Faure, contador de la Asesoría Integral, uno de los tres profesionales del estudio contable involucrado en la investigación. Uno de sus colegas ya fue sobreseído; Faure deberá enfrentar el juicio.
El único punto en el que la jueza hizo lugar parcialmente a planteos defensivos fue en relación a un legajo conexo. Se trata de una investigación que el fiscal José Arias inició en Concordia sobre la presunta adquisición irregular de un loteo, que involucra a figuras relevantes de esa ciudad. Esa causa fue archivada en el fuero ordinario por encubrimiento, pero continúa en el fuero federal bajo la figura de lavado de activos. Las defensas cuestionaron la incorporación de ese material al expediente principal, argumentando que los delitos eran distintos y la evidencia no guardaba relación. Barbagelata rechazó esos argumentos, pero aclaró que la Fiscalía no pretendía incorporar la evidencia del legajo Arias sino a sus testigos, quienes podrán ser interrogados y contrainterrogados en el debate para aportar sobre las modalidades de comisión delictiva, especialmente la hipótesis de que el producido ilegal se habría blanqueado en inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas.
La jueza también admitió como evidencia los contratos investigados y los testimonios de los propios contratados, señalando que la posición de la defensa resultaba contradictoria: sostienen que los contratos son legales, pero al mismo tiempo advierten que los testigos-contratados podrían autoincriminarse al declarar. Con la remisión a juicio, el expediente pasa ahora a la etapa de debate oral, donde las hipótesis de la Fiscalía y las defensas se medirán de frente y con todas las pruebas sobre la mesa.
