Una empresa entrerriana más cayó bajo el peso de la tormenta económica. Frutafiel S.A.S., firma de bebidas con planta en General Ramírez, inició un concurso preventivo luego de que la Justicia abriera el proceso a su favor. La medida fue dispuesta por el juez Ángel Moia, del fuero Civil y Comercial de Paraná.
La empresa no escondió nada: en su presentación judicial describió una situación financiera que se fue deteriorando por varios frentes al mismo tiempo. Inflación sostenida, retracción del consumo, escalada de costos operativos y la dificultad para acceder al crédito conformaron el cóctel que la llevó a pedir protección judicial antes de que la situación se volviera irreversible.
El concurso preventivo es, en el derecho argentino, la herramienta que permite a una empresa en dificultades negociar con sus acreedores bajo el paraguas de la Justicia, evitando la quiebra y buscando un acuerdo que le permita seguir operando. No es el final del camino, pero sí una señal de que el camino se puso muy difícil.
El caso de Frutafiel no es un hecho aislado: refleja lo que viene pasando en el sector de consumo masivo a nivel nacional, donde la caída del poder adquisitivo golpeó de lleno a empresas medianas y pequeñas que no tienen el colchón financiero de las grandes corporaciones. En el interior del país, donde las economías regionales dependen de ese tejido productivo, cada concurso preventivo es una alarma que vale la pena atender. General Ramírez, localidad del departamento Díaz, pierde un actor económico que ahora deberá demostrar que puede sobrevivir a su propia crisis.
