Una empresa entrerriana más cayó en la red del concurso preventivo. Frutafiel S.A.S., con planta en General Ramírez, obtuvo la apertura judicial del proceso luego de que la compañía solicitara protección ante sus acreedores. El escenario que describe la firma es el mismo que repiten decenas de pymes en todo el país: una tormenta perfecta que no da tregua.
Según argumentó la propia empresa ante la Justicia, la combinación de inflación sostenida, retracción del consumo, aumento de costos operativos y dificultades para acceder al crédito la empujaron a buscar el paraguas legal del concurso preventivo. No es un capricho contable: es la señal de que los números dejaron de cerrar y que sin reorganización de pasivos, el futuro se complica.
El concurso preventivo es, en la práctica, una herramienta que le permite a una empresa negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial antes de llegar a la quiebra. No implica el cierre inmediato ni el fin de la actividad, pero sí marca un punto de inflexión que obliga a repensar la estructura del negocio.
El caso de Frutafiel no es un caso aislado. La caída del consumo interno viene golpeando con fuerza al sector de alimentos y bebidas desde hace meses, y las empresas de escala mediana son las que menos margen tienen para absorber el impacto. Sin espalda financiera para aguantar trimestres en rojo, el concurso se vuelve la única salida ordenada.
Lo que reste del proceso dependerá de la capacidad de la firma para acordar con sus acreedores y de si la demanda interna da alguna señal de recuperación en los próximos meses. Por ahora, la Justicia tomó intervención y el expediente está abierto.
