¿Qué hacían ampollas de fentanilo y morfina en la casa de un cardiólogo y un enfermero? La pregunta que se hacen los investigadores tiene una respuesta que huele a estafa millonaria al PAMI. Los dos profesionales de la salud quedaron en prisión preventiva tras ser imputados formalmente por un esquema que combina drogas controladas con presuntos manejos irregulares en el sistema de salud.
El operativo que derivó en las detenciones se desarrolló en el marco de una investigación por posibles estafas que involucra al organismo que atiende a los jubilados. Los allanamientos en los domicilios de ambos profesionales arrojaron el hallazgo de sustancias controladas que no tenían justificación médica para estar en poder de particulares.
El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, y la morfina son medicamentos de uso estrictamente hospitalario y bajo riguroso control. Su presencia en domicilios particulares dispara todas las alarmas sobre un posible desvío de medicamentos desde el sistema público de salud.
La causa judicial avanza sobre la hipótesis de que los imputados habrían participado en un esquema de facturación fraudulenta al PAMI, aprovechando su posición en el sistema sanitario. Los investigadores buscan determinar si las drogas encontradas formaban parte de un circuito de comercialización ilegal o si eran utilizadas para otros fines.
La prisión preventiva dictada por el juez refleja la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Los profesionales enfrentan ahora un proceso que podría derivar en condenas por estafa agravada y tenencia ilegal de estupefacientes.
El caso pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema de control de medicamentos y la necesidad de reforzar los mecanismos de auditoría en las prestaciones del PAMI. Los jubilados, una vez más, aparecen como las víctimas de maniobras que atentan contra un derecho básico como la salud.
