La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) no se rinde. Después de tocar la puerta del ministro de Economía Luis Caputo sin obtener respuestas concretas, ahora apunta directo al Senado de la Nación con el mismo reclamo: que se incluya en la ley de inocencia fiscal una reducción sustancial de multas, la suspensión inmediata de ejecuciones y embargos, y un plan especial de pagos para las pequeñas y medianas empresas.
¿Por qué tanta insistencia? Porque las pymes argentinas están ahogándose en un mar de deudas fiscales que se multiplicaron durante los años de crisis. Los empresarios medianos saben que sin un alivio real, muchas de estas empresas van a terminar cerrando definitivamente, llevándose puestos de trabajo que el país no puede permitirse perder.
El pedido de CAME no es nuevo, pero sí es urgente. La entidad ya había planteado estas mismas medidas al equipo económico del gobierno, pero las respuestas fueron tibias y las acciones, inexistentes. Ahora, con el proyecto de inocencia fiscal en tratamiento legislativo, ven una oportunidad única para que se concrete lo que consideran indispensable para la supervivencia del sector.
La propuesta incluye tres pilares fundamentales: reducción significativa de multas que en muchos casos superan el capital de las empresas, suspensión inmediata de embargos y ejecuciones que paralizan la actividad comercial, y un plan de pagos especial que contemple la realidad económica actual de las pymes.
Los senadores nacionales ahora tienen en sus manos la posibilidad de darle un respiro real a miles de empresas que generan empleo en todo el país. La pregunta es si van a escuchar el reclamo o si las pymes van a seguir esperando mientras la presión fiscal las asfixia día tras día.
