¿Casualidad o timing perfecto? La Corte Internacional de Justicia de La Haya acaba de dictaminar a favor del derecho de huelga de los trabajadores, justo cuando la CGT pelea en tribunales argentinos contra la reforma laboral de Javier Milei.
El fallo del principal órgano judicial de las Naciones Unidas establece que el Convenio 87 de la OIT de 1948 protege implícitamente el derecho a la huelga. Una resolución que llega como anillo al dedo para los sindicalistas locales que cuestionan la constitucionalidad de la ley libertaria.
Yuji Iwasawa, presidente de la Corte, fue claro: el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones está protegido por el convenio internacional. Aunque aclaró que la opinión no es vinculante, el respaldo simbólico es enorme para quienes enfrentan las nuevas reglas del gobierno nacional.
La disputa llegó a La Haya porque sindicatos y empleadores no se ponían de acuerdo sobre la interpretación del Convenio 87. Los primeros sostenían que incluía por extensión el derecho a la acción sindical, los segundos lo negaban. Harold Koh, de la Confederación Sindical Internacional, había advertido que la decisión “afectará los derechos reales de decenas de millones de trabajadores”.
Gerardo Martínez, de la mesa chica de la CGT, no tardó en celebrar: “Ratifica que el derecho a la huelga es un derecho indiscutible”. El dirigente sabe que este fallo refuerza el planteo cegetista contra el artículo 101 de la reforma laboral, que establece garantías de prestación de servicios mínimos del 75% en conflictos que afecten servicios esenciales.
Un abogado laboralista que asesora a la central fue directo: “La resolución de la Corte Internacional favorece el reclamo de la CGT”. El timing no podría ser mejor para los sindicalistas, que ven en este dictamen un respaldo internacional a su estrategia judicial contra las modificaciones impulsadas por La Libertad Avanza.
La reforma laboral está plenamente vigente desde febrero, pero el pedido de inconstitucionalidad sigue su curso en los tribunales. Con este fallo internacional en la mesa, la CGT tiene ahora un argumento más para sostener que las nuevas reglas sobre huelgas y servicios esenciales vulneran compromisos internacionales asumidos por Argentina.
