¿Cuánto vale el perdón? El Gobierno de Javier Milei insiste con una de sus propuestas más polémicas: negociar un millonario perdón de deudas cruzadas entre el Estado nacional y las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur. La cifra no es menor: estamos hablando de 2.000 millones de dólares en el caso de la empresa manejada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, y cerca de 1.200 millones en la compañía que es propiedad de Enel.
El proyecto de ley enviado este lunes al Congreso rescata uno de los capítulos que había sido borrado del Presupuesto 2026 para conseguir su aprobación. La propuesta había generado polémica entre los aliados de La Libertad Avanza, especialmente en el PRO, pero el oficialismo no se rinde.
El mecanismo es complejo pero revelador. Las distribuidoras reclaman “activos regulatorios” en forma de ingresos no percibidos por el incumplimiento de sus contratos de concesión y las revisiones tarifarias. A cambio, el Poder Ejecutivo instrumentará un crédito sobre los acuerdos de regularización de deudas que las empresas asumieron con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
La historia detrás de los números es clara: al no haber cobrado tarifas suficientes para afrontar todos sus gastos, las eléctricas dejaron de pagar la energía a Cammesa y acumularon deudas que recientemente regularizaron. Edenor tiene pasivos por el equivalente a unos 600 millones de dólares y Edesur, alrededor de 500 millones.
Pero hay una condición que no es menor: las empresas se deberían comprometer a olvidarse los reclamos hacia adelante por los múltiples incumplimientos estatales. Es decir, firmar la paz definitiva con el Estado a cambio del perdón millonario.
El proyecto también incluye una garantía para las energías renovables: extiende por 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2045, los beneficios que establecen que el acceso y utilización de fuentes renovables no estarán gravados por ningún tipo de tributo específico. Una forma de asegurarle al sector que no habrá sorpresas fiscales en el camino.
La medida llega en un momento clave, cuando el sector venía pidiendo estabilidad fiscal desde que culminó el plazo en diciembre 2025. Ahora queda por ver si el Congreso acompañará una propuesta que, más allá de su complejidad técnica, implica una decisión política de alto voltaje.
Con informacion de: Clarin.
