¿Quién paga la cuenta cuando un pibe amenaza con volar una escuela por WhatsApp? La respuesta del gobierno de Rogelio Frigerio es clara: los padres. Y no es joda.
En una reunión que se realizó este lunes, las autoridades provinciales formalizaron una decisión que va a doler en el bolsillo: demandar civilmente a las familias de los menores que realizaron amenazas en establecimientos educativos para recuperar los $250 millones que costaron los operativos policiales.
Del encuentro participaron Carlos Cuenca (presidente del CGE), Claudio González (jefe de Policía), Julián Maneiro (secretario de Justicia) y el juez Pablo Barbirotto. La mesa quedó clara: el Estado no va a bancar más las travesuras digitales de los adolescentes.
Los números son contundentes. En Entre Ríos se registraron 180 denuncias de amenazas escolares, y cada operativo incluyó móviles policiales, brigadas de explosivos, horas de personal especializado y tecnología de rastreo. Todo eso suma una cifra que ahora el contribuyente no va a tener que pagar.
La fundamentación legal es sólida: los padres tienen responsabilidad patrimonial directa por las conductas de sus hijos menores. Y gracias al trabajo de ciberdelito de la Policía, ya se identificó a la mayoría de los autores en distintas localidades entrerrianas.
¿La bronca de las autoridades? Que mientras los efectivos corrían detrás de falsas alarmas, dejaban de hacer prevención del delito común. “Las familias deben asumir un rol activo en la supervisión del uso de dispositivos digitales”, advirtieron desde el Copnaf.
La postura oficial es tajante: a partir de ahora, cada amenaza escolar tendrá un impacto directo en la economía de los hogares responsables. El mensaje está claro: educar a los pibes en el uso responsable de la tecnología no es solo una cuestión moral, sino también económica.
Con informacion de: Diario Junio.
