“Velar por el cuidado de los recursos naturales es una obligación indelegable del Estado, y no debe ser transferida a terceros, especialmente a terceros interesados en que la caza se habilite”, señalaron.
El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) manifestó su rechazo al estudio que se habría presentado para conocer la población de patos en Entre Ríos.
“En un controvertido evento realizado el pasado jueves 24 de abril en la Sociedad Rural de La Paz, se presentaron los resultados de un estudio sobre poblaciones de patos autóctonos en Entre Ríos. Organizado por la Dirección de Fiscalización de la Provincia, la presentación estuvo a cargo de los biólogos Julieta Von Thungen y Jaime Bernardos, contratados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCyC) para llevar a cabo los estudios”, sostuvieron desde la entidad.
Detalles
“Si bien los estudios revelaron una disminución en las poblaciones de la mayoría de las especies de patos en comparación con años anteriores, los biólogos argumentaron que no existe evidencia científica que vincule esta disminución con la actividad de caza. Alegan que podría tratarse simplemente de fluctuaciones naturales de las poblaciones y no necesariamente de la caza como factor determinante”, consideraron.
“El estudio fue solicitado y pagado por la CATCyC, entidad que nuclea a los cotos de caza. Si bien revela que las cantidades de patos se han reducido, no atribuye tal disminución a la caza. Ambientalistas denuncian falta total de participación ciudadana y que los estudios no deben ser realizados por partes interesadas. El Gobierno de Frigerio pretende utilizarlos para habilitar en los próximos días la caza de aves autóctonas”, dijeron desde CEYDAS.
Dudas
“Es importante señalar que estos estudios carecieron de participación por parte de instituciones conservacionistas o ambientalistas entrerrianas, lo que plantea serias dudas sobre su objetividad y validez”, consideraron a continuación.
“Además, los expositores omitieron mencionar los fallos judiciales de 2022 y 2023 que anularon las resoluciones que habilitaron la caza de aves autóctonas en la provincia, declarándolas inconstitucionales y violatorias de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio de Diversidad Biológica, a los cuales Argentina adhiere por ley”, manifestaron.
“Velar por el cuidado de los recursos naturales es una obligación indelegable del Estado, y no debe ser transferida a terceros, especialmente a terceros interesados en que la caza se habilite”, concluyeron, según señala un informe de El Entre Ríos.
