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Buscarán que la Corte revoque el fallo que prohíbe fumigar en ciertas áreas

Las restricciones para fumigar llegarían a la Corte Suprema de Justicia con la apelación que presentó el gobierno de la provincia de Entre Ríos.

La pretensión es que revoque la sentencia que dejó firme la prohibición de fumigar en un radio de 1000 y de 3000 metros en forma terrestre o aérea en torno a las escuelas rurales. Si el máximo tribunal provincial lo admite, el recurso será elevado a la Corte. La resolución podría prolongarse hacia 2019.

 

Este miércoles, media hora antes de que venciera el plazo, el gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado, presentó el Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia definitiva dictada por la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que ratificó las restricciones para fumigar en zonas contiguas a las escuelas rurales.

Si la referida Sala que integran Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak lo conceden, el recurso seguirá su marcha hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión implica que previamente deberá correr vista a las partes que habían presentado el amparo, es decir el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), y también al Ministerio Público Fiscal. En un plazo de diez días hábiles tendrían que contestar. Con esos elementos, la Sala tendrá que resolver la admisibilidad.

En caso que la resolución sea favorable a los intereses del gobierno, el recurso llegará a la Corte que trataría el fondo de la cuestión, previo doble control de procedencia y admisibilidad. O sea, ese cuerpo podría entender que no es cuestión federal y devolverlo. Si ello finalmente no ocurre, el máximo tribunal nacional analizará la sentencia de la Sala entrerriana y deberá expedirse.

ARGUMENTOS. En el recurso extraordinario que cuestiona el fallo de la justicia provincial, desde Fiscalía de Estado vuelve a plantearse que el amparo no es la vía idónea por tratarse de una cuestión compleja. Recuerdan que cuando se tramitó, desde la Justicia se libró un exhorto a una cátedra de la Universidad Nacional del Litoral para que produzca cierta información y el titular de la misma respondió que no podía hacerlo en 48 horas, que se requerían 30 y 45 días. La cita viene al caso para respaldar la afirmación gubernamental que se trata de un asunto complejo, que no puede ser tratado en un amparo porque hay pruebas que se demoran y el amparo es una vía excepcional y urgente.

También, se sostiene que la petición de los amparistas era que el juez exhortara al Poder Ejecutivo a reglamentar y, en la medida que prohíbe fumigar en determinadas áreas, se produce una extralimitación. Asimismo, cuestiona por arbitrario el criterio que dispuso.

Menciona que hay una legislación que establece 50 metros de distancia con relación al caserío rural para fumigar en forma terrestre, y 100 en forma área, criterio que se podría haber aplicado a las escuelas rurales también, y no se hizo.

Intromisión de Poderes

En explicaciones del fiscal de Estado adjunto, Sebastián Trinadori, que recogió EL DIARIO, además se plantea una intromisión del Poder Judicial en cuestiones que son competencia del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Recuerda que la demanda era exhortativa, para que el juez exhorte a actuar ante lo que denunciaban como un vacío. El gobierno entiende que si existía ese vacío, así como la decisión fue prohibir, también pudo haber sido integrar otras normas de similares características. En esa línea se sostiene que debió haber exhortado a que se reglamente el tema cuando se trata de escuelas rurales y con estudios determinados.

El gobierno encuentra que lo que sostiene está en línea con el voto disidente de la vocal Claudia Mizawak en la sentencia que confirmó las restricciones e insiste en que hay “arbitrariedad y gravedad institucional por las consecuencias del fallo vinculadas al modo en que afecta la producción”.

A propósito del sector afectado, lo que advierte es que en la decisión tomada no participaron quienes son directamente perjudicados. Destacan que “el productor no tuvo manera de defenderse” en ese juicio que, ratifican, analizó un caso abstracto ya que “no había casos concretos de fumigación donde se hubiera producido perjuicio”. El gobierno, a través de cada presentación, ha insistido en la celebración de una audiencia mediante la cual se vuelque la información existente y donde se puedan presentar todos los sectores involucrados y afectados.

Ante una consulta de EL DIARIO, Trinadori comentó que existe jurisprudencia en la materia pero relativa a la resolución de casos entre particulares. “No estamos a favor que se fumigue arriba de las escuelas, tampoco de que se contamine el ambiente, decimos que esta cuestión de reglamentar la ley de agroquímicos aplicado a la producción es (facultad) de la Legislatura o de la autoridad de aplicación, que es el gobierno, el Ejecutivo a través de la Secretaría de la Producción; no a través de una sentencia judicial. Si hubiese existido un caso concreto sería diferente. Pero tenemos un informe de Salud en el que afirma que no hubo ninguna persona intoxicada en 2018”, insistió.

Otro recurso ante la CSJ

El gobierno provincial acudió a la Corte Suprema de Justicia por un amparo que había presentado la Universidad Nacional de Rosario contra el gobierno de Entre Ríos a raíz de la quema de pastizales en zona de islas que afectaba a la ciudad santafesina. En aquel momento el argumento fue que la Universidad no estaba legitimada para plantear un amparo ambiental y la Corte hizo lugar al planteo. Se habría considerado que la UNR, de acuerdo a su estatuto, no tiene entre sus propósitos velar por el medioambiente.

Si se le otorga admisibilidad al planteo, el gobierno provincial acudirá a la Corte Suprema para que se revoque el fallo de la justicia provincial.