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sábado, diciembre 14, 2019
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    Contratos truchos: la Fiscalía reformuló los pedidos de información a la Legislatura

    Se remitieron escritos de similar tenor a los presidentes del Senado, Adán Bahl, y de Diputados, Sergio Urribarri.

    Allí se adjuntaron anexos con los nombres de 452 beneficiarios de contratos, en el caso de la cámara baja, y de 551 correspondientes a la cámara alta provincial.

    La Fiscalía Anticorrupción reformuló el pedido de información que días atrás rechazaron ambas cámaras de la Legislatura entrerriana en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en contrataciones de personal durante los últimos 10 años.

    El organismo que dirige Cecilia Goyeneche remitió este martes sendos escritos de similar tenor a los presidentes del Senado, Adán Bahl, y de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

    Cecilia Goyeneche, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos.

    A los oficios se adjuntan anexos con los nombres y apellidos de 452 beneficiarios de contratos, en el caso de la cámara baja, y de 551 correspondientes a la cámara alta.

    El primer pedido del Ministerio Público Fiscal había sido presentado en octubre. Allí se solicitaba toda la información vinculada a contratos suscriptos en la Cámara de Diputados entre 2008 y 2018 y en el Senado entre 2011 y 2018. Ambas cámaras rechazaron los oficios del Poder Judicial.

    Desde la cámara baja se argumentó que la solicitud no se ajustaba a lo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Penal de Entre Ríos. Desde la cámara alta, en tanto, se pidieron mayores precisiones.

    Este martes a media mañana se reformuló el pedido que ingresó a las cámaras con la firma de Goyeneche y de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro. Puntualmente, se circunscribió la solicitud a contratos correspondientes a 452 personas en la Cámara de Diputados y a 551 del Senado.

    “Hemos decidido cursarle el presente, solicitando tenga a bien informar si las personas que se detallan en el anexo han estado vinculadas contractualmente con esa Honorable Cámara. En tal caso, se sirva detallar el tipo y período de contratación, especificando si la relación se celebró con autoridades de ese cuerpo, bloques legislativos o legisladores en particular. En dicho caso, se giren –en original– los expedientes administrativos relacionados a cada una de esas contrataciones, copia certificada del acto administrativo de aprobación respectivo y las correspondientes actuaciones en las que se hubiese sustanciado el pago de los honorarios a dichos co-contratantes”, se indica en el escrito.

    Además, se señala como “de interés” que se emita “un listado detallado de autoridades de ese cuerpo legislativo e integración del Servicio Administrativo y Contable, durante los período referenciados, acompañando a dichos efectos los actos administrativos de designación”.

    Finalmente, “se interesa la remisión de la nómina actualizada de agentes de planta permanente de ese cuerpo legislativo”, piden los fiscales.

    Más adelante, los funcionarios judiciales realizan un repaso del hecho investigado. Indican que al menos entre enero de 2008 y septiembre de 2018 Flavia Marcela Beckman, Hugo Ruben Mena, Hugo Américo Luna (f), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, Juan Domingo Orabona y “otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

    “Se ha estimado de manera provisoria que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, los 1.235 millones de pesos”, concluyen los fiscales.

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