La agenda de género se afianza en la Cámara de Diputados

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En la sesión de este miércoles de Diputados se dio media sanción al proyecto sobre equidad de género y se trataron otras iniciativas.

Diputados dio media sanción al proyecto de ley que crea la campaña de concientización para la equidad de género en el trabajo doméstico y tareas de cuidado no remuneradas. También, al protocolo de pautas mínimas, en relación con la búsqueda de personas desaparecidas en un contexto de violencia de género.

 

Redacción EL DIARIO / [email protected]

 

Las voces de las diputadas se escuchó reiteradamente en la sesión que este miércoles realizó la Cámara de Diputados, en la que tuvieron tratamiento dictámenes de proyectos emitidos por la comisión Banca de la Mujeres, Géneros y Diversidad.

“Somos solo el 25% (en la Cámara) pero estamos aquí para que miles de mujeres entrerrianas tengan voz”, expresó la diputada Carina Ramos –Frente Creer Entre Ríos- al fundamentar el proyecto del que es autora junto con su par Stefanía Cora, por el que se crea en el ámbito provincial, la campaña de concientización para la equidad de género en el trabajo doméstico y tareas de cuidado no remuneradas.

Ramos habló de dar el debate sobre justicia e igualdad y de visibilizar injusticias e inequidades. Destacó que las tareas domésticas y de cuidado no tienen francos, ni fines de semana; tampoco horario de entrada y de salida y que se dice que se realizan por puro amor. Hasta hace poco, agregó, no se le asignaba valor económico.

Expuso estadísticas para respaldar sus afirmaciones en cuanto a lo que para la mujer significa una “doble jornada laboral” y también señaló el agravamiento que esta situación registra en el marco de la cuarentena.

El articulado del proyecto define “trabajo doméstico y tareas de cuidado no remuneradas a la actividad humana productiva y creadora en sí, sin contraprestación, que comprende las tareas domésticas desarrolladas en el propio hogar, el cuidado de miembros del hogar y el trabajo voluntario”.

A su turno, la diputada Paola Rubattino –FCER- fundamentó el proyecto de ley que establece el Protocolo de pautas mínimas, en relación con la búsqueda de personas desaparecidas en un contexto de violencia de género.

“Bisagra” para la redacción de esta iniciativa fue, tal como lo señaló la legisladora oficialista, el femicidio de Fátima Acevedo, ocurrido en marzo pasado en Paraná. En sus palabras además, hizo un reconocimiento al “enorme trabajo” que vienen haciendo desde distintos sectores, al que se suma trabajo territorial y análisis de estadísticas. Valoró los aportes de las legisladoras de ambas bancadas y también de los legisladores ya que “para construir y legislar hay que poner en tensión muchas maneras de pensar, muchas maneras de mirar”, sostuvo. Más adelante, también apuntó que “la cuestión de género es para que pensemos en conjunto”.

Dejó claro que “este protocolo es una guía y cobra sentido si se trabaja con las tres patas del Estado”, de lo contrario, anticipó, no tendrá el mismo valor.

El protocolo queda en cabeza del Ministerio Público Fiscal, pero se faculta al Ministerio de Gobierno y Justicia para modificarlo a los efectos de dotarlo de mayor eficiencia, previo dictamen de un Comité de Seguimiento que funcionará en el ámbito de esa cartera ministerial.

Siguiendo los datos aportados en la intervención de la diputada, en lo que va del año, en el país, ocurrieron 162 femicidios, de los cuales el 69 % fue perpetrado por la actual o la expareja, y el 70% tuvo lugar en el domicilio de la mujer. Del total, en 33 ya había tenido intervención la Justicia y en 11, ya había alguna resolución.

Retomando expresiones de la antropóloga Rita Segato –activista feminista-, instó a pensar “cuáles son la medidas en que hemos fallado”. Y con relación a este protocolo que recibió media sanción por unanimidad, consideró que aporta “celeridad” porque del momento cero que se radique una denuncia habrá que iniciar la búsqueda, en forma inmediata. “Tira abajo el prejuicio que hay que esperar”, subrayó.

También, con referencia a esta nueva herramienta, aludió a la accesibilidad, el trato, la contención de los familiares, la información que se les debe brindar, la no revictimización. Brindarles el servicio, la atención, desde una perspectiva de derechos, dijo.
Y finalmente, destacó el abordaje integral y coherente, con relación a poder ver qué áreas de los distintos poderes trabajan en el hallazgo de la persona, de modo que ese objetivo no se agote en el Ministerio Público Fiscal.

Desde la bancada de Juntos por el Cambio, Gracia Jaroslavsky ponderó “la mirada holística”, totalizadora, de la iniciativa. “Elimina los compartimentos estancos, lo que es fundamental”, manifestó antes de considerar que el proyecto “inaugura una nueva forma de mirar muchísimas otras situaciones”. En su mensaje marcó la necesidad de que el Estado dé respuestas rápidas y puntualizó la “flexibilidad” que encierra el proyecto al crear el referido Comité de Seguimiento para que “permanentemente se vaya adecuando” el protocolo.

En sintonía con los proyectos de ley, también por unanimidad, se aprobó un proyecto de Declaración para repudiar la violencia de género simbólica cometida por el fiscal de Cutral-Có, Santiago Terán, contra la periodista Lucila Trujillo, efectuada el 6 de agosto, en el programa del canal C5N.

Uso de plasma para paciente convaleciente de Covid 19

Tuvo respaldo unánime de la Cámara baja el proyecto de ley destinado a promover en todo el territorio de la provincia, la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes convalecientes recuperados de COVID 19, con el objeto de su estudio y tratamiento en los pacientes que lo requieran; en el marco de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto Nacional Nº 260, decreto provincial Nº 361 MS y en especial atención al Plan Estratégico para regular el uso del Plasma de pacientes recuperados de COVID 19 con fines terapéuticos del Ministerio de Salud de la Nación.

El presidente de la comisión de Salud, Jorge Cáceres, señaló que se trata de una “herramienta para el Ministerio de Salud” y marcó la necesidad de legislar a nivel provincial a partir de la normativa nacional.

En el debate, el diputado del Movimiento Social Entrerriano –en el interbloque Juntos por el Cambio- Juan Domingo Zacarías, marcó la conveniencia de haber incorporado en el texto en tratamiento un artículo de un proyecto de su autoría sobre el mismo tema. El legislador entendía conveniente que se hubiera incluido la “prohibición de la intermediación comercial y el lucro en la obtención, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, y toda forma de aprovechamiento del plasma de pacientes recuperados de la enfermedad COVID19”.
Además de sostener esa idea, lamentó no haber podido nunca tener una respuesta sobre la posibilidad de tomarlo en cuenta de parte del presidente de la comisión.

Cáceres admitió el reproche de Zacarías al decir que “no hice lo que él hubiera querido y yo hubiese debido”, pero en cuanto al fondo de la cuestión, entendió que esa pretensión quedó contenida en el artículo 4° del proyecto aprobado que enmarca toda la iniciativa en los alcances de la Ley Nacional Nº 22.990 “Ley de sangre”.

OTRA INICIATIVA. “Gestión estatal sustentable” es el título de otro proyecto de ley aprobado ayer por los diputados y las diputadas por el que se establecen pautas y normas generales para la clasificación en origen de los residuos sólidos urbanos que se generen dentro de las dependencias del sector público en el territorio de la Provincia, en complementariedad a lo dispuesto por la Ley N° 10.311 de Gestión de Residuos Sólido Urbanos.