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lunes, septiembre 28, 2020
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    El Colegio de Abogados opinó sobre los incendios en el delta del Paraná

    El Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER), a través de los Institutos de Derecho Ambiental y Derecho Animal, expresó su postura sobre el conflicto ambiental generado por los incendios en las islas del delta.

    En un documento dado a conocer a la prensa, el CAER definió que “el delta del Paraná es una región de gran valor natural y cultural, compleja y diversa, y sus humedales brindan beneficios fundamentales a las poblaciones ribereñas e isleñas y a la sociedad en su conjunto. La situación de emergencia, profundizada por la bajante extraordinaria del río Paraná, sumado a las consecuencias del cambio climático, han impactado de manera peligrosa en todo el ecosistema”.

    Señaló además que “este contexto deja expuesto una vez más la falta de acciones coordinadas de las jurisdicciones implicadas, tanto nacional como provinciales, lo que viene sucediendo desde hace ya varios años. La indiferencia de los distintos gobiernos respecto del compromiso asumido en el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS) sumado a la inactividad respecto del control de los territorios y la carencia de herramientas de política y gestión ambiental, como los procesos de evaluación de impactos ambientales (EIA), ordenamiento ambiental del territorio, así como a la ausencia de una Ley nacional de presupuestos mínimos de protección de los humedales, generaron el contexto propicio para que se produjera una nueva catástrofe ambiental”.

    En el texto, los abogados señalaron que “la Constitución Nacional indica una manera determinada de legislación para los asuntos ambientales y así debiera cumplirse: las competencias concurrentes. Sabemos que es preciso generar espacios de consenso y coordinación institucional, diseñando modelos de gestión del territorio con participación de sus habitantes y de distintos sectores de la sociedad involucrados en la sustentabilidad real de los recursos.  En ese contexto, una Ley de humedales debe sancionarse con una perspectiva ecocéntrica, contemplando además las pautas del Convenio Nº 169 de la OIT y, en el marco del Acuerdo de Escazú (cuya ratificación por el Congreso Nacional también resulta imperiosa) garantizar la participación pública, el acceso a la información y a la justicia”.

    Posteriormente, el CAER se refirió a antecedentes legales sobre el tema: “En el año 2009, entró en vigencia una normativa específica sobre Protección ambiental sobre actividad de quemas, la Ley N° 26.562, en la que se establecieron los presupuestos mínimos de protección ambiental para el control de actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad pública. En el artículo 5 de esta normativa se facultaba a los Estados provinciales justamente a avanzar en prohibiciones incluso preventivas al detallar que: “Las autoridades competentes de cada jurisdicción podrán suspender o interrumpir la ejecución de quemas, autorizadas, cuando las condiciones meteorológicas o de otro tipo impliquen un riesgo grave o peligro de incendio.”

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