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viernes, septiembre 25, 2020
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    Pronunciamiento en contra del proyecto de reforma judicial

    El Centro Raúl Alfonsín se expresó en contra de la llamada “reforma judicial” que impulsa el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

    Desde el nucleamiento que reúne al diputado Eduardo Solari y a los concejales Walter Rolandelli y Francisco Avero, entre otros dirigentes de la UCR, sostienen que el proyecto de “reforma” implica la “creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, especialmente de nuevos juzgados federales con competencia penal en varias provincias argentinas y la conformación de una comisión especial para estudiar el funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público y el instituto del juicio por jurados”.

    Consideran que el proyecto resulta “particularmente cuestionable” en el contexto actual de emergencia sanitaria y económica que está atravesando en Argentina; dado que “se propone en el peor momento de la pandemia y en el marco de una terrible crisis económica -la más importante del siglo- que aparece desatendida”.

    En consecuencia, “no resulta atinado, entonces, -sostienen- concentrar las pocas energías y recursos disponibles en esta reforma del Poder Judicial, mucho menos si la misma implica un gasto sumamente elevado para el presupuesto público, sin olvidar que entendemos que la misma busca, de manera solapada, garantizar un plan de impunidad para todas las causas de corrupción en la que se ven involucrados los principales dirigentes del kirchnerismo”.

    Tras definirlo cuestionable y desatinado al proyecto oficial, el documento del Centro sostiene que “una reforma orientada a modificar uno de los ejes centrales de la Constitución -el Poder Judicial- requiere de un acuerdo democrático extraordinario: abrir un proceso de discusión pública; convocar formalmente a la oposición, a los colegios de Abogados del país, a la misma Corte Suprema, a las asociaciones de magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales; y proponer una agenda abierta de temas a incluir en la de reforma”.

    Destaca que se alude a los fines de la “independencia” judicial; la “celeridad” en el tratamiento de las causas; y la “transparencia” de los procesos, sin embargo, apunta, “ninguno de los cambios propuestos aparece, de modo alguno, como medio idóneo para atender a los fines proclamados”.

     

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