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viernes, septiembre 25, 2020
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    Rechazan la vía del amparo para atacar los descuentos a jubilados

    Sin pronunciarse por la cuestión de fondo, el juez Gustavo Maldonado rechazó el recurso de amparo presentado por una jubilada para impedir que se le aplique un descuento sobre sus haberes previsionales. El magistrado directamente, consideró inadmisible la vía elegida para litigar.

     

    El juez Gustavo Maldonado rechazó el amparo presentado por una jubilada para evitar que se aplique el descuento en sus haberes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Emergencia y para que se declare la inconstitucionalidad del artículo correspondiente. El magistrado no se pronunció sobre la cuestión de fondo, sino que consideró inadmisible la vía del amparo para este litigio.

    El magistrado analizó los reclamos de la jubilada: evitar una quita en sus haberes y la inconstitucionalidad del artículo de la ley provincial 10.806 que dispone un aporte solidario por parte de los jubilados a partir de ciertos ingresos, para sostener que “resulta indiscutible que el fondo del debate se circunscribe en el cuestionamiento de la constitucionalidad de la mencionada ley, materia imposible –sostuvo- de ser tratada, considerada y resuelta, en el reducido marco de la acción de amparo”.

    Fundamentó que la declaración de inconstitucionalidad es un instrumento jurídico, y como tal constituye el remedio de mayor gravedad y la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal por configurar un acto de suma trascendencia institucional”, por lo que –agregó- “requiere de un procedimiento que prevea una producción de prueba amplísima, además de una vasta y completa discusión, existiendo para ello otros trámites específicamente regulados a tales efectos”.

    Así es que consideró que, en este caso, la acción de amparo “no logra atravesar satisfactoriamente la prueba destinada a evaluar su admisión para resolver el fondo de la cuestión formulada en la demanda, correspondiendo en consecuencia declarar sin más trámite su inadmisibilidad en virtud de no ser esta la vía correcta para abordar la Litis”.

    AMPARO

    La acción de amparo había sido promovida contra el Superior Gobierno de Entre Ríos y contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

    Tenía por objeto que el gobierno se abstuviera de manera inmediata, de efectuar todo tipo de retención en concepto de aporte solidario extraordinario sobre los haberes previsionales de la demandante, que fuera dispuesto en el artículo 6° de la ley 10.806, y además, solicitar que se declarara en el caso particular, la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad” del aporte solidario extraordinario dispuesto en esa norma por resultar ello “incompatible con los derechos de profunda raigambre constitucional y tratados internacionales que asisten a la accionante”.

    En la presentación que corresponde a una jubilada docente desde el año 2002, se afirma que la vía escogida es la más apropiada y que en el caso concreto el derecho conculcado tiene naturaleza alimentaria

    En tanto, en el análisis del magistrado, se señala que en la tramitación del amparo, el Fiscal de Estado al contestar la vista corrida, argumentó que en el caso no se daban los extremos de gravedad y urgencia que habilitaría la vía procesal escogida -el amparo- porque en líneas generales toda pretensión jurídica podría verse amparada por un derecho o una garantía constitucional. Al respecto, Rodríguez Signes sostuvo que “la reducción temporaria de los haberes no causa a los agentes activos y pasivos de la Provincia, una lesión grave o severamente limitante de sus derechos” y agregó que la finalidad de la ley es “apelar a la solidaridad y al esfuerzo compartido de manera temporal de los beneficiarios de ingresos más altos que triplican o cuatriplican los ingresos básicos para un jubilado”.

    El fiscal Julio Rodríguez Signes afirmó también que la reducción en los haberes de la jubilada, de acuerdo a su último recibo, sería de 6.338,51, por lo que su ingreso mensual no dejaría de quintuplicar el haber previsional mínimo, por lo que el mayor aporte “no constituye una afectación de una gravedad tal que requiera una reparación urgente por la vía del amparo”. Exhibió además, que la amparista invoca padecimientos de salud, los que –señaló la Fiscalía- “se encuentran cubiertos por la Obra Social provincial a la que se encuentra adherida por ser jubilada provincial”.

    El Fiscal, aludió también a la situación de emergencia provocado por el brote de enfermedad por coronavirus que “afectó a todos los sectores de la actividad económica y entre otras consecuencias a la caída de la recaudación impositiva a nivel nacional y provincial, hace referencia a estimaciones de organismos internacionales sobre la repercusión de la pandemia en la economía mundial y nacional, y en lo que respecta a la Provincia, el incremento de gastos vinculados directamente a la atención de la situación sanitaria generada por el COVID-19”, menciona el magistrado.

    Rodriguez Signes citó por otra parte, jurisprudencia de la CSJN con relación a la ley 8918, respecto de la cual “la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse convalidando la constitucionalidad de las medidas adoptadas”.

    Los abogados que representaron a la Caja de Jubilaciones en tanto, solicitaron la declaración de inadmisibilidad de la acción porque “a su entender no se acredita ninguna gravedad o urgencia y que por tal razón debiera canalizar el requerimiento mediante el procedimiento ordinario correspondiente”. Sostuvieron además, que otra debió ser la acción intentada si lo pretendido es la declaración de inconstitucionalidad de las normas que le causarían los supuestos agravios irreparables.

     

    Emergencia previsional fundamentada

    En el fallo, Maldonado incluye lo que los abogados representantes del organismo previsional refieren respecto del déficit del sistema jubilatorio.

    En cuanto “al déficit previsional de la CJPER, y la incidencia del mismo en el estado de emergencia declarado, señalan que el primer factor determinante se relaciona con un alto crecimiento de la cantidad de beneficiarios en relación a la cantidad de aportantes, y otro a la prolongación de la vida de la población, resaltan además el crecimiento de la población de beneficiarios que presentan haberes previsionales más elevados que el resto” para enfatizar que “la declaración de emergencia previsional efectuada por la ley 10.806 no resulta carente de fundamentos”.

     

     

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