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miércoles, agosto 5, 2020
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    Frente a los incendios en las islas, reclaman una ley de humedales

    Los incendios en las Islas del Delta, con impacto incalculable en la biodiversidad, no dejan de ser noticias. Mientras en lo discursivo los gobiernos del Frente de Todos se pintan de verdes, siguen jugando para el extractivismo.

     

    Escribe: Nadia Burgos

     

    Con bombos y platillos se presentó Bordet como querellante en la causa que denuncia los incendios en las islas del Delta Superior del río Paraná. Apelando a una perspectiva ecológica, destacaron que con la querella muestran que “el bien jurídico protegido es el ambiente” y hacen responsables a los propietarios de las hectáreas quemadas por todos los daños causados. Anunciaron que desde la provincia se van a profundizar las medidas de control y acciones para preservar los humedales, sin dar mayores detalles de cómo lo harán. Esta misma semana participaron junto con el gobierno de Santa Fe, Buenos Aires y diversas organizaciones socioambientales y ONGs de un encuentro con el ministro de Ambiente Nacional, Juan Cabandié, donde se anunció el relanzamiento del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Río Paraná (Piecas). El Plan apoyado por Programas de la ONU e internacionales, generalmente financiados por corporaciones y países, que son motores del extractivismo, busca fundamentalmente promover faros de conservación, es decir, parches para que nada cambie.

    El accionar del gobierno provincial sigue siendo el mismo de siempre, discursos pro ambiente y acciones pro agronegocio, como lo demostraron las incansables veces en que apelaron las acciones legales que se impulsaron contra la fumigación en las escuelas rurales.

     

    La ley extractivista pero “sustentable”

    La vicegobernadora, Laura Stratta, presentó en el Senado provincial un proyecto del ejecutivo que busca: “establecer un régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles integrantes del dominio público provincial, ubicados en zona de islas y humedales de la Provincia de Entre Ríos y del dominio privado que no tengan afectación específica”. Esta es una muestra más de la doble vara del gobierno provincial. Aunque busquen por todas las vías querer explicar que el proyecto se inscribe en el camino de buscar soluciones y un uso sustentable de los humedales, lo que persigue en realidad es regular actividades en terrenos fiscales que hoy representan grandes reservas de biodiversidad. Cómo nos oponemos a cualquier actividad extractiva en el Delta, anticipando que las quemas se realizan fundamentalmente en pos de avanzar en la frontera del agronegocio, denunciamos que los permisos de uso oneroso, así como los permisos particulares a pobladores locales que plantea esta ley, estarán reguladas y bajo control de la Secretaría de Ambiente. La casualidad, es que los estudios de impacto ambiental, de este personaje, siempre están bajo sospecha por ser imparciales. Favorecen emprendimientos contaminantes como las predilecciones por las termas, hasta abrir la puerta a la especulación inmobiliaria incluso sobre humedales como fue el emprendimiento que con lucha pudimos frenar, amarras en Gualeguaychú.

    Como si esto fuera poco, el proyecto no especifica quién sería la autoridad de aplicación, quedaría todo bajo la completa perspectiva de un gobierno que fumiga a 50 metros de los pueblos porque considera inocuo los agrotóxicos y niega el impacto que este modelo de producción tiene sobre nuestra salud y territorios.

     

    ¡Ley de Humedales ya!

    Frente a las jugadas extractivas la conciencia y las acciones de lucha crecen en todo el Litoral. La defensa de nuestros humedales es histórica y las respuestas no tardan en llegar. Desde la Red Ecosocialista y el MST en el FIT Unidad creemos central la organización unitaria en exigencia de una ley de humedales que prohíba toda actividad productiva extractiva y que preserve el conjunto de nuestro Delta, porque nuestra vida y nuestra biodiversidad valen más que sus ganancias. Luchemos por un modelo productivo sin agrotóxicos, sin saqueo, sin contaminación. Para eso es indispensable declarar de utilidad social el sistema productivo para que seamos las mayorías sociales las que decidamos qué y cómo producir. Avanzar en una reforma agraria agroecológica, es decir, construir un modelo productivo ecosocialista.

     

     

     

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